sábado , 23 noviembre 2024
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Para necesaria reflexión (I)

El presidente Jimmy Morales Cabrera prorrogó por dos años más –incluso antes de su vencimiento– el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Comisión que, a solicitud de nosotros mismos y que pactada con la Organización de las Naciones Unidas, vino a ser la primera y única en el mundo.

De nuestro cuido y del cuido de la ONU, la posibilidad de que llegue a replicarse. Valiente, sin lugar a dudas, Guatemala, porque pocos países se atreverían a una aventura semejante y, de igual forma, humilde, puesto que no es usual que admita sus incapacidades un Estado.

Resulta importante saber, para quienes no lo sepan, y recordar, para quienes lo hayan olvidado –o, más bien, que pretendan olvidarlo– que la CICIG ya no existiría si no fuera porque el presidente Jimmy Morales prorrogó su mandato.

No se sabe o se olvida –o quiere olvidarse– de igual manera que este ha dado cumplimiento

–puntual cumplimiento– a todas las aportaciones económicas que deben hacerse al Ministerio Público, órgano rector de la acusación penal y que, de igual forma, tuvo en todo momento a disposición suyo y de su coadyuvante, la Comisión Internacional citada –las fuerzas policiales– algo que no hubiese nunca ocurrido si no hubiera sido por la voluntad del Presidente. Si importantes los apoyos antedichos, más importante aún el que constituye su ejemplo de absoluta sujeción a la Ley, cuando sufriendo en carne propia, en su hijo y en su hermano, la persecución penal, se abstuvo –jefe que es del Estado, con todo el poder que ello implica– de injerencia alguna en la acusación y en los tribunales de justicia –injerencia de la que muy pocos jefes de Estado o de Gobierno, quizá ninguno– se hubiera sustraído.

¿Por qué, entonces, cabría preguntarse –si tal su apoyo– su irrestricto apoyo, el distanciamiento que vino a producirse? Estas, algunas de las posibles respuestas. Cualquiera se encuentra expuesto a la persecución penal e

–incluso a sufrirla–pero no a que se le persiga por hechos que no son constitutivos de delito, lo que ocurre en el caso de las canastas navideñas, –el caso del hermano y del hijo–fraccionamiento de compra que constituye infracción a la Ley, pero no delito. La razón de que no constituya delito es muy sencilla, y es a todos comprensible: No se produjo ninguna defraudación del patrimonio del Estado, ya que a este se le vendieron canastas navideñas y recibió este, canastas navideñas: exactamente lo vendido, comprado y pagado: canastas navideñas contra el pago.

La infracción administrativa consiste en que debió realizarse una sola compraventa (una sola factura) pero que, en vez de una, se simularon tres (tres facturas distintas) fraccionamiento que constituye una infracción a la Ley de Contrataciones del Estado, pero que no se castiga penalmente sino con una multa que impone la Contraloría General de Cuentas, un porcentaje del monto total de la venta realizada. Para disimular que no se trataba todo de una sola (compraventa de canastas navideñas) se simularon los conceptos de las facturas, ilícito civil –no penal–cuya consecuencia es que es nulo lo que quiso simularse y que toma su lugar lo que quiso ocultarse. En otras palabras, que la compraventa de canastas navideñas toma el lugar de cualquier otro concepto y hace evidente el fraccionamiento de compraventa realizado.

Lo hecho –la infracción administrativa perpetrada– no reportó beneficio económico alguno a José Manuel, ni a Samy Morales –no lo obtuvieron, ni lo buscaron– personas que, además, cuando ocurrieron los hechos (año 2013) eran el hijo y el hermano de un empresario y artista y no de un Presidente. El fraccionamiento de compra –por otra parte– es a los dos ajeno, aceptada como ha sido toda responsabilidad por la persona que la hizo, la señora Abdy Orellana, madre de quien era la novia del joven que, precisamente por esa relación personal, de diecinueve años, los novios, se involucró en los hechos , hechos –reitero– ocurridos en 2013 y que, en consecuencia, son ajenos al Presidente, como tal, y a su gobierno, hechos en los cuales, además –esto es lo toral– no se dio defraudación alguna.

Continuará…

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