La protección de la vida, especialmente de grupos vulnerables como mujeres, niños, jóvenes y adultos mayores es una responsabilidad del Estado, y para ello existen instituciones que se dedican a darle atención a las necesidades de nutrición, techo, educación, salud y protección.
En esto intervienen muchos entes estatales como la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, liderada por la primera dama, Patricia Marroquín, quien le ha puesto mucha atención a programas especiales como la reinserción de jóvenes adolescentes en conflicto con la ley penal.
Actualmente se trabaja en la creación de un Centro Especializado de Reinserción (CER), con ayuda financiera y asesoría especializada por parte de la embajada de los Estados Unidos, por medio de la Sección de Asuntos Antinarcóticos.
Con este centro se podrá tener un modelo de atención para adolescentes que facilite reinsertarlos en la sociedad, con una formación teórica y técnica que les permita optar por un empleo y con estudios para no interrumpir su formación académica acorde con su edad.
Actualmente se desarrollan proyectos especiales para este grupo de jóvenes, como el llamado “Dame Chance”, con el que se pretende que los menores conflictados que demuestren mejor comportamiento puedan hacer pruebas de aptitudes y destrezas para trabajar en empresas que cooperan con la Secretaría, como algunos centros de llamadas.
Además, en ese afán por buscar la mejor manera de reinserción de los jóvenes en conflicto con la ley penal, se han suscrito convenios con otras entidades del Estado, como la Universidad de San Carlos y el Registro Nacional de Personas, para realizar exámenes vocacionales y tramitar sus documentos de identificación, respectivamente.
Para cumplir con estas labores de reinserción, la SBSP cuenta con una Subsecretaría de Reinserción y Resocialización de Adolescentes en Conflicto con la Ley. “La reinserción social se realiza mediante programas que aseguren el cumplimiento de las sanciones impuestas, así como la rehabilitación, formación para la vida, trabajo productivo y prevención de la violencia”, indica el mandato.
