Convocar a 10 actores de diferentes sectores de la sociedad para conformar una mesa de preconsulta, que será la encargada de definir un cronograma y llegar a los acuerdos necesarios para realizar la consulta comunitaria en el caso de la Mina San Rafael, es el primer paso que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) implementará para darle cumplimiento a la sentencia sobre este proyecto, que emitió el pasado martes la Corte de Constitucionalidad (CC).
“Aún no tenemos la sentencia en firme, porque hay ciertas aclaraciones y ampliaciones que fueron planteadas por diferentes entidades, y eso no causa la firmeza necesaria en el fallo para que nosotros podamos iniciar el proceso”, declaró hoy Luis Chang, titular del MEM, en conferencia de prensa.
El funcionario agregó que debido a lo anterior aún no tienen una fecha para realizar la consulta. Sin embargo, por medio de la mesa de preconsulta se fomentará el diálogo entre las partes, es decir, el pueblo xinca y la Minera San Rafael, para encontrar soluciones en este proceso.
“Queremos informar al pueblo xinca que estaremos trabajando en el área de influencia del proyecto y que adicionalmente estaremos escuchando sus preocupaciones para buscarles una solución”, declaró.
Asimismo, la metodología para efectuar la consulta y la designación de los expertos que apoyarán en la aplicación de este instrumento, que está regulado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas, se determinará entre los diferentes actores, aclararon.
La sentencia
El amparo que otorgó la CC el pasado martes al Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala ordena que los titulares de los ministerios de Energía y Minas y de Cultura y Deportes realicen, en conjunto, estudios especializados que determinen si el funcionamiento del proyecto El Escobal, localizado en San Rafael Las Flores, Santa Rosa, viola la legislación nacional que protege el patrimonio cultural de la Nación.
“Si al realizar los estudios se estableciere que el proyecto minero se encuentra dentro del espacio que corresponde a alguno de los sitios arqueológicos sujetos a protección, el MEM deberá dictar resolución en la que garantice que la prosecución de cualquier actividad de ese proyecto minero se hará con estricta observancia de la legislación de la materia”, explica el documento.
El máximo órgano en materia judicial también le ordenó al MEM no otorgar ninguna otra licencia para la ejecución de proyectos de explotación de recursos naturales, en tanto no se haya determinado la existencia de pueblos indígenas en la región en la cual los proyectos pretendan ejecutarse.
Asimismo, ordenó a este despacho dictar resolución en la que suspenda el trámite de la solicitud de prórroga de la licencia de exploración Juan Bosco, en el supuesto de que dicha compañía presente nuevamente la solicitud de licencia de exploración.
Impacto
Después de más de 425 días sin operar, la Minera San Rafael reporta que el cierre provisional de ambos proyectos ha generado pérdidas por Q2 mil 440 millones; de esta cifra, Q440 millones corresponden a impuestos y regalías no percibidos por el Estado.
Mientras que Tahoe Resources, que es la propietaria de dicha compañía, perdió US $15.6 millones en el segundo trimestre de 2018, equivalente a US $0.05 por acción, de acuerdo con un estado financiero que publicó la compañía canadiense el 1 de agosto.
Asimismo, el informe muestra que los costos de mantenimiento y cuidado de estos proyectos les representó US $8.1 millones, es decir US $0.03 por acción. Pese a esta situación, Tahoe tuvo un flujo de caja positivo por US $18.2 millones, derivado del desempeño de los proyectos La Arena, Shahuindo y Timmins.
