En septiembre, Guatemala podría recibir el primer revés por tener suspendida de manera provisional el acceso a información bancaria con fines tributarios, al ser incluida en la lista de países no cooperantes en materia tributaria, lo que le llevaría a ser catalogada como un paraíso fiscal, concluyeron funcionarios de Gobierno y expertos de organismos internacionales durante un foro que realizaron el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes).
Durante la actividad, Julio Héctor Estrada, ministro de Finanzas Públicas, indicó que de mantenerse suspendido el artículo 52 del Decreto 37-2016, el cual adicionó el artículo 30 del Código Tributario, Guatemala no participaría plenamente en los esfuerzos para reducir la evasión fiscal, podría tener restricciones comerciales y sanciones de índole fiscal y vería afectada de manera negativa la percepción de las empresas calificadoras de riesgo crediticio.
Asimismo, esta resolución, que emitió la Corte de Constitucionalidad (CC) el pasado 2 de agosto, limita las herramientas de la Superintendencia de Administración Tributaria para la fiscalización y aumenta la posibilidad de flujos de capitales asociados a actividades pocos transparentes.
“Una resolución desfavorable por parte de la CC conllevaría un retroceso de más de una década en la implementación de la transparencia”, destacó el ministro.
José Alejandro Arévalo, superintendente de Bancos, mencionó que el riesgo más grande para el país es regresar a la lista de países no cooperantes en materia de transparencia, un año después de que obtuvo la calificación largely compliant, que significa que cumplió en gran medida con el estándar internacional.
“Restablecer el secreto bancario, como popularmente se conoce, afectará la inversión extranjera, el intercambio comercial y la calificación de riesgo de país, lo cual subiría los costos para los préstamos”, subrayó Arévalo.
Por su lado, María Concepción Carrera, experta del Fondo Monetario Internacional, indicó que entre otras consecuencias, el país podría percibir una rebaja en la calificación de la administración tributaria TADAT, en la de previsión y lavado de dinero u otros activos y un freno a la evaluación de petición que hizo Guatemala para ingresar en el Centro de Desarrollo de la OCDE.
