El Gobierno italiano decretó hoy el estado de emergencia en la zona del derrumbe de un puente, en Génova, y anunció que destinará 5 millones de euros para las primeras acciones urgentes de un siniestro que ha causado no menos de 39 muertos y 16 heridos.
El balance provisional del suceso ocurrido el martes es de 39 fallecidos, entre ellos 3 menores de edad, de 8, 12 y 13 años, y 4 ciudadanos franceses, según cifras de la Delegación del Gobierno en Génova.
Hay además 16 heridos, nueve de ellos graves, aunque tres han salido del estado de gravedad en las últimas horas.
El suceso tuvo lugar cuando un tramo del puente Morandi, de unos 100 metros, construido en la década de 1960, se vino abajo y sepultó a los vehículos que circulaban por él en ese momento.
El viaducto transcurre sobre una zona urbana en la que hay centros comerciales, edificios residenciales y áreas industriales, y los equipos de emergencia temen que puedan producirse ulteriores desplomes, por lo que han sido desalojadas 634 personas de edificios adyacentes.
El Gobierno de coalición italiano, entre los antisistema del Movimiento 5 Estrellas (M5S) y la ultraderechista Liga, celebró hoy una reunión extraordinaria en esta ciudad italiana.
A ella asistieron el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, los vicepresidentes Luigi Di Maio (M5S) y Matteo Salvini (Liga), y el ministro de Infraestructuras, Danilo Toninelli, mientras que el resto de ministros, excepto dos, siguieron la reunión a través de dispositivos audiovisuales, aseguraron fuentes oficiales.
En la reunión, se decretó el estado de emergencia por doce meses en la zona siniestrada y se decidió movilizar un paquete de “5 millones de euros para cubrir las primeras intervenciones urgentes”, dijo Conte.
Será un punto de partida que deberá ser incrementado a medio plazo, para las acciones de reconstrucción y otras cuestiones que por el momento no son prioritarias, señaló el primer ministro.
Paralelamente, se decidió comenzar “el procedimiento para la revocación de la concesión a la empresa Autostrade per l’Italia”, filial de Atlantia y responsable del mantenimiento del puente derrumbado.
Conte avanzó que “el Gobierno, a la hora de otorgar nuevas concesiones, será mucho más riguroso en la evaluación de las cláusulas”, para evitar que siniestros como el de Génova se repitan en el futuro.
Además, desarrollará un plan extraordinario que contemple controles en todas las infraestructuras del país, “muchas construidas entre los años 50 y 70, y que sufren cierto degrado”.
Se nombrará próximamente a un comisario para que se encargue de vigilar el correcto desarrollo de las obras de reconstrucción del puente, en cuya financiación deberá intervenir, al menos en parte, la compañía Autostrade, subrayó Toninelli.
El ministro de Infraestructuras pidió hoy la dimisión de los directivos de la concesionaria, después de que esta reconociera en un comunicado que en estos momentos estaba trabajando para afianzar el pavimento del puente.
Con información de EFE
