El desarrollo y buen funcionamiento de un gobierno está condicionado a un sistema de planeación y organización que le permitan tomar decisiones de manera eficiente, ya sean decisiones políticas, económicas o de otra índole. El paso de una idea tradicional de administración pública, a un replanteamiento como lo fue la idea de la administración pública para el desarrollo, y posteriormente la nueva gestión pública, fueron el resultado de una reorientación influida por crisis económicas, sociales, tecnológicas y de Gobierno, en búsqueda de una mejora en la burocracia y el aparato administrativo inmerso dentro de un sistema político determinado.
Sin embargo, para lograrlo se requiere de inversiones fuertes para efectos de capacitación y calificación. Esta reglamentación se caracteriza por un fuerte sentido del orden, y no se ha orientado hacia la prestación de servicios. Esto significa que la administración pública posee fuertes tendencias a reglamentar a los ciudadanos, pero no provee los servicios necesarios.
La administración se hace cargo de aquellos que por su carácter no lucrativo no son atendidos por el sector privado, y compite con este por la producción y provisión de determinados bienes y servicios, por lo cual es necesario que aplique procedimientos propios del sector privado que permitan a la administración aumentar su productividad, calidad y eficacia. Por otro lado, el contexto social y económico ha cambiado notablemente. Nos encontramos ante una situación de globalización e internacionalización de la economía y de la sociedad en la que los cambios demográficos producen graves alteraciones económicas y sociales, los empleos son de distinta calidad y la alta tecnología y los servicios desempeñan un importante papel en el crecimiento económico.
