El Episcopado de Nicaragua se reunirá hoy en Managua para analizar su permanencia en el diálogo nacional para resolver la crisis local, luego de que el presidente Daniel Ortega los acusó de pertenecer a un plan para darle un golpe de Estado.
Lo anterior fue informado por el cardenal Leopoldo Brenes, al ser consultado por periodistas sobre su permanencia en el diálogo.
El jueves pasado, durante la celebración del aniversario 39 de la revolución de Nicaragua, Ortega afirmó que los obispos “se descalificaron como mediadores y testigos” del diálogo, al pedirle que adelantara para marzo de 2019 las elecciones de 2021, como la manera más eficaz de superar una crisis que ha dejado entre 277 y 351 muertos en manifestaciones contra el Presidente.
El cardenal afirmó que la Iglesia católica es perseguida en Nicaragua, donde sus templos han servido de refugio a manifestantes que escapan de los ataques
armados del gobierno local, y que han dejado más de 300 muertos desde abril.
Brenes reconoció la persecución que sufre la Iglesia católica, al ser entrevistado por un grupo de periodistas ayer, luego de la eucaristía dominical en la catedral metropolitana de Managua.
En los últimos meses, los templos católicos y el clero han sufrido agresiones físicas y verbales, así como amenazas, nunca antes vistas en Nicaragua, un país donde el 58.8 por ciento de la población se considera católica.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al gobierno de Ortega de graves violaciones de los derechos humanos.
Se agudiza la crisis
El gobierno de Ortega intimidó y expulsó el sábado a las madres de los presos políticos que preguntaban por sus hijos en Managua, y la crisis sociopolítica que ha causado la muerte de entre 277 y 351 personas en 3 meses, se agudizó.
Al menos una treintena de madres fueron expulsadas por cientos de agentes, que las intimidaron frente a las oficinas policiales conocidas como Chipote, donde se encuentra un centro de detención en el que se practican torturas, según organismos humanitarios.
“Policías y grupos de choque comenzaron a ir al Chipote en patrullas, entonces las madres y familiares comenzaron a evacuar a pie, para evitar que les hicieran daño; ahora están en un lugar seguro”, confirmó a Efe la líder opositora Ana Margarita Vigil, mientras persiste el rechazo internacional por la represión en el país.
