Apesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Comisión que constituye un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos, OEA, tiene ya muchos años de haberse establecido y es notable, en consecuencia, su experiencia en la materia, así como que también, desde hace varios años –no tantos, pero sí los suficientes– se estableció, dependiente esta de la Organización de las Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (OACNUDH) y que –desde hace más de 10 años– quedó establecida la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, parecería ser que la citada Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la citada Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Guatemala (OACNUHD) no han llegado a comprender para qué fue establecida la Comisión Internacional contra le Impunidad en Guatemala (CICIG). Comisión que a nuestra iniciativa y, de común acuerdo, establecimos con la Organización de las Naciones Unidas. Esta falta de comprensión resulta inaceptable y le hace mucho daño a las instituciones, puesto que denota muy poca seriedad en el manejo de las mismas, extremo que mina –y gravemente– su autoridad y su prestigio.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (OACNUDH), a través de un comunicado fechado el 27 de junio, en las ciudades de Guatemala y Washington, comunicado de corte absolutamente burocrático (así como para taparle el ojo al macho) condenan los asesinatos de defensores de derechos humanos integrantes de organizaciones indígenas y campesinas que han tenido lugar recientemente en Guatemala.
El colmo de los colmos sería que no lo hicieran –condenarlos– pero colmo, también, y grave, que no lo hicieran antes. Tanto la CIDH como la OACNUDH expresan en su comunicado –y también sería el colmo que no lo hicieran– su preocupación ante la situación de riesgo en la que se encuentran las y los defensores de derechos humanos y el incremento de hechos de violencia y ataques en su contra. (El empleo de “las y los” sitúa el comunicado en la burocrática corrección política ¡Misión cumplida!). La tardía condena y la tardía preocupación –propias de la burocracia– se sustentan, según el comunicado en que, según información recibida, el 9 de mayo de 2018 el señor Luis Arturo Marroquín, líder del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) y defensor del desarrollo rural de los pueblos indígenas y de los campesinos, fue asesinado en el departamento de Jalapa y, al día siguiente, el 10 de mayo, José Can Xol, líder del Comité Campesino del Altiplano (CCDA) y autoridad ancestral, fue asesinado en el departamento de Alta Verapaz, habiendo sido asesinado tres días después, en el mismo departamento, el 13 de mayo, Mateo Chamán Paau, también defensor e integrante de CCDA, el Comité Campesino del Altiplano. Cabe señalar que estos asesinatos se habían ya perpetrado cuando la exfiscal general de la República y jefe del Ministerio Público rindió su última conferencia de prensa, conferencia que diera en presencia del comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) –copartícipe de la misma– habiendo omitido –increíble, pero cierto– cualquier referencia a los crímenes citados y, ya no digamos, a investigaciones y persecuciones que, en torno a estos, se hubieren realizado y debieran realizarse, omisión que hice ver desde estas mismas páginas, habiendo señalado, además, del gravísimo peligro de la omisión perpetrada, ya que el primer asesinato no perseguido y castigado deja abiertas las puertas –de par en par– para todos los asesinatos sucesivos. Quien no respeta una vida, ninguna respeta, y quien tolera el irrespeto de una –aunque sea una sola– el de todas tolera.
El tardío y burocrático comunicado conjunto CIDH–OACNUDH, más de cuarenta días después del primero de los crímenes (para su reacción y acción –a tiempo– es que existen estas entidades) continúa recogiendo que el 1 de junio falleció Ramón Choc, otro defensor del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), después de un ataque con arma blanca en el que resultó con lesiones graves y que, el 4 de junio, fueron asesinados, en Jutiapa, Alejandro Hernández y Florencio Nájera, dos líderes de Codeca y el 8 de junio, en Jalapa, Francisco Munguía, los tres, como consecuencia de ataques con machete.
Continuará
