Gestión para el desarrollo
Diversos estudios y análisis realizados por instituciones y organismos internacionales han evidenciado que la promoción de la igualdad de género se correlaciona positivamente con un mayor crecimiento económico. Esta relación tiene un efecto favorable para toda la sociedad, porque los ingresos percibidos por las mujeres, producto de su trabajo, permiten incrementar el de los hogares y por ende el bienestar de sus familias. Además de reconocer que el trabajo no remunerado realizado por las mujeres brinda al hogar otros elementos de bienestar.
Aunque se reconoce que la dinámica económica es importante para la generación de empleo y el cierre de brechas en materia de desarrollo para hombres y mujeres, la evidencia estadística ha demostrado que el crecimiento económico no siempre ha estado acompañado por más y mejores empleos, o mayores oportunidades de ingreso para las guatemaltecas. Ante dicha situación, el Plan Nacional de Desarrollo K´atun Nuestra Guatemala 2032 plantea que, ante las disparidades de desarrollo que genera la dinámica económica, el reto clave para el país consiste en lograr tasas más aceleradas de crecimiento que vayan acompañadas de una mayor inclusión, en especial de las mujeres. La Seprem reconoce que los avances realizados en favor de la equidad de género y el empoderamiento económico de ellas han sido escasos, comparados con la magnitud del desafío que persiste. En este contexto, dentro de los principales retos que se presentan en el corto y mediano plazo para lograr el empoderamiento económico de las mujeres. También lo es la urgente necesidad de procesos de consolidación técnico-política de los mecanismos e instancias del Estado, previstos para una gestión más eficiente y efectiva del desarrollo. En este sentido, cobra particular importancia el seguimiento a la implementación y observancia de los mandatos y principios contenidos en los principales marcos legales y de políticas públicas vigentes en el país, así como las recomendaciones derivadas de los Convenios y Acuerdos ratificados por el país a nivel internacional.
El reto es institucionalizar el enfoque de género en la agenda de políticas públicas, en el marco legal y el acceso a la justicia, en la institucionalidad, en la cultura organizacional y en las prácticas administrativas. De tal manera que la respuesta estatal a las inequidades de género sea integral, coherente, plural y sostenible.
