Con base en las recomendaciones del Sistema de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano, para la atención de familias que ocupan un espacio habitacional en las áreas protegidas, la Comisión Presidencial de Diálogo (CPD) y la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (Copredeh) iniciaron el proceso de integración de un protocolo que pueda resolver el desalojo de personas en estas zonas, con observancia de los derechos humanos y atención humanitaria.
Esta iniciativa surge debido a que hay poblaciones guatemaltecas que “han ocupando áreas protegidas, lo que constitucionalmente no es permitido”, dijo el vicepresidente de la República, Jafeth Cabrera, quien participó en el conclave.
Cobán, Izabal y la Biosfera Maya en Petén son hasta la fecha las áreas más afectadas por invasiones. “No menos de 800 sitios protegidos han sido invadidas”, comentó Jorge Luis Borrayo, presidente de Copredeh.
Según, Borrayo, solo en la Biosfera Maya se ha desalojado a 32 comunidades, y está cifra aumenta, ya que cada día hay una nueva comunidad en estos espacios.
Con esta herramienta, las instituciones buscan responder con carácter humanitario a todas la familias y comunidades asentadas en estos espacios.
