La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó ayer a 127 el conteo de personas que ha muerto en Nicaragua desde que, el 18 de abril, se iniciaran las protestas contra el Gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega.
“Según nuestros datos, las protestas han dejado 127 muertes y cerca de un millar de heridos”, dijo el secretario ejecutivo de la CIDH, el jurista brasileño Paulo Abrao, en una conferencia en la sede en Washington del centro de análisis Diálogo Interamericano.
La tragedia
Para entender la magnitud de esta tragedia, Abrao recordó que las sangrientas manifestaciones entre abril y julio de 2017 en Venezuela, un país 6 veces más grande que Nicaragua, se saldaron con 112 fallecidos.
Abrao denunció que la respuesta de las autoridades nicaragüenses a las protestas ha sido “muy desproporcionada”, con el objetivo de crear un ambiente de “intimidación y terror”.
Además, criticó que, según los testimonios consultados por la CIDH, numerosas autopsias no han sido realizadas de manera adecuada, muchos heridos han recibido el alta “con premura” y la Policía Nacional nicaragüense ha atacado a ambulancias, entre otras cuestiones.
La Organización de los Estdos Americanos (OEA) acordó la semana pasada con la
CIDH y el Gobierno de Nicaragua crear un grupo para investigar los hechos de violencia, formado por integrantes seleccionados por la comisión interamericana.
Respecto a ese equipo, Abrao explicó que la CIDH está en la fase final de selección de los miembros que viajarán a Nicaragua “en los próximos días o en una semana”.
Apoyo al pueblo
La 70 Asamblea General de la OEA, que comenzó ayer en Washington, estudiará una declaración “en apoyo al pueblo de Nicaragua” en su 48 período de sesiones, según dijo el presidente de la Asamblea, el ministro de Exteriores de Paraguay, Eladio Loizaga.
Desde el 18 de abril, Nicaragua vive su crisis más sangrienta desde los años 80, con 127 muertos y cerca de un millar de heridos, según la CIDH.
Las protestas contra Ortega y contra su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, comenzaron por unas reformas fallidas de la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del Presidente, después de 11 años en el cargo, con acusaciones de abuso de poder y corrupción.
