Para no afectar la seguridad operacional aérea y los aeropuertos del país, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) ha comenzado un proceso de revisión, revocación y acciones legales por la morosidad financiera de arrendatarios del sistema e infraestructura aeroportuaria.
Un solo operador acumula una deuda al Estado, representado por la DGAC, arriba de Q3o millones, y pese a que existe un convenio de pago, este no se ha concretado. De hecho, no se ha desembolsado ni la fianza que lo garantiza, refiere la institución en un comunicado.
El incumplimiento repercute en “las capacidades para dar atención a temas tan sensibles como operadores de tránsito aéreo, bomberos aeronáuticos o el regular el pago de la energía eléctrica de los aeródromos y aeropuertos”, se expone en el documento.
Ante ese panorama, la DGAC hace un llamado a los operadores y arrendatarios para que se esfuercen en solucionar su situación financiera, con el fin de que sus actividades regulares no sean afectadas ni limitadas, se insta en el comunicado.
