Esta institución ha desarrollado una labor estratégica mediante diferentes mecanismos, especialmente mesas de diálogo, para resolver casos y consensuar con las personas relacionadas con los conflictos agrarios, dice el funcionario público, quien en esta entrevista explica los casos de alto impacto que se priorizan y los conflictos que están por resolverse, como el de Laguna Larga.
¿Cuál es la situación de la Secretaría en estos primeros meses?
Se ha hecho una labor conjunta en favor de la población, mediante 19 sedes regionales, localizadas en los departamentos de Huehuetenango, Izabal, Quiché, Alta Verapaz y Petén. Nuestra prioridad es resolver los conflictos agrarios y generar las condiciones necesarias para que sea de forma consensuada y pacífica.
¿A la fecha, cuántos conflictos agrarios han sido resueltos?
En 2017 se resolvieron varios conflictos agrarios, especialmente los considerados de alto impacto, como los de Santa María Xalapán, Jalapa, que tenía más de 100 años, y el de conflictividad del Valle del Polochic.
Además, no se descuidaron otros casos. Al hacer un análisis global podemos comentar que en 2016 se contaba con mil 413 conflictos, y en 2017 eran 1 mil 425.
¿Cómo cuáles?
Al 31 de diciembre de 2017, de los 1 mil 425 casos, 251 eran relacionados con ocupaciones, lo cual representa un 18 por ciento, y la mayor incidencia está en Alta Verapaz (92) Quiché (45), Izabal (42) y Petén (24), le siguen Escuintla (13) y Sololá (12).
Se resolvió un total de 485 conflictos, de 585 ingresados en las diferentes regiones, lo cual fue producto del esfuerzo de la participación de diferentes actores institucionales, y organizaciones acompañantes de la sociedad civil.
Usted mencionó algunos casos de alto impacto. ¿Podría ser más específico?
Tenemos identificados más de 35 que están en las mesas de diálogo, desde nivel local, hasta el más alto, y de ellos se pueden mencionar los de Santa María Xalapán, Jalapa, Naturaceites, en Izabal, en donde existen medidas cautelares y se ha ido atendiendo de acuerdo con las posibilidades del Estado, en donde aún faltan 667 familias que solicitan tierras. Además, está el caso Tzalbal en Nebaj, Quiché, y otros más en el Polochic.
¿Y la conflictividad en las áreas protegidas?
Se tienen 196 en las diferentes áreas protegidas del país, pero su mayor parte está concentrada en la zona de amortiguamiento de la Biósfera Maya, con 19; en la zona de usos múltiples de la Reserva de la Biósfera Maya, con 16; en la Reserva de la Biósfera de la Sierra de las Minas, y la Reserva de la Biósfera de Zona de Amortiguamiento Complejo IV, con 15 conflictos, respectivamente.
¿Cómo está el caso del asentamiento Laguna Larga, en Petén?
En este caso se está efectuando el censo, y se les han proporcionado raciones de alimentos. Además, se está a la espera de que el Fondo de Tierras (Fontierras) reciba las fincas que están en extinción de dominio en Morales, Izabal, para trasladarlos y reinstalarlos con las mejores condiciones.
Es importante resaltar que el pasado 25 de abril, en las instalaciones de Fontierras, representantes de la Comisión Presidencial de la Política del Ejecutivo, en materia de Derechos Humanos, y los dirigentes de Laguna Larga, los comunitarios se comprometieron a permitir el ingreso en el asentamiento, los días 12 y 13 de mayo, del personal que está dando acompañamiento a la resolución del conflicto.
¿La Secretaría está fortaleciendo la cultura del diálogo en los conflictos?
Así es; es otro eje importante de la política del gobierno del presidente Jimmy Morales.
Para el efecto, recientemente se firmó una carta de entendimiento con la Asociación para el Desarrollo Rural Integral y Mercy Corps, con el fin de fortalecer el diálogo y consenso entre organizaciones de la sociedad civil y entes del Estado, para una mayor gobernanza en los municipios de la zona del Polochic, San Miguel Tucurú, Santa Catalina La Tinta, Panzós, Senahú, Alta Verapaz; El Estor, Izabal; en la Franja Transversal del Norte, Chisec, Raxruhá, Fray Bartolomé de las Casas, Chaal, Alta Verapaz, e Ixcán, Quiché.
Nuestro objetivo es buscar una solución pacífica a la conflictividad en el país, por lo cual consideramos que el diálogo es la mejor solución.
