Me imagino que fueron asustados los empresarios con el petate del muerto, ya que una pena de prisión de 4 a 12 años inconmutables, no son moco de pava.
Los empresarios que confesaron haber perpetrado el delito de financiamiento electoral ilícito no perpetraron delito alguno, puesto que no encajan en el primer supuesto que tipifica este delito y que implicaría que el dinero aportado tuviera su origen en el narcotráfico, el crimen organizado, el lavado de dinero o cualquier otra actividad calificada como delito, lo que no es el caso, puesto que se trató de su propio dinero, dinero proveniente de sus actividades empresariales, todas lícitas. Ni Fraterno Vila, ni Herbert González, ni Felipe Bosch, ni ningún otro de los empresarios confesos, habrían hecho aporte alguno con recursos de tal procedencia y, en consecuencia, lo que hayan podido hacer no encaja en este primer supuesto. Tampoco encajan en el segundo supuesto y último del artículo que se refiere al financiamiento ilícito puesto que este segundo y último supuesto se refiere única y exclusivamente a quien RECIBA las contribuciones y no a quien las da, contribuciones que sin tener ninguna de las procedencias señaladas, se reciban anónimamente, es decir, sin saber su procedencia.
A los empresarios confesos, pues, les pintaron un chaleco puesto que les llevaron a confesar –como delito– DAR su propio dinero un hecho que no lo constituye. Para esclarecer debidamente el tema cabría preguntar a los empresarios lo siguiente: ¿Provenían los recursos aportados por ustedes del narcotráfico, del crimen organizado, del lavado de dinero o de cualquier otra actividad que se encuentre calificada como delito? Pues bien, si no es así, ustedes no cometieron el delito de financiamiento ilícito que se encuentra tipificado en el primer párrafo del artículo que tipifica este delito y exonerados están de toda culpa en lo que se refiere a este supuesto.
La segunda pregunta a realizar a los confesos empresarios y que zanja el tema es la siguiente: ¿RECIBIERON ustedes alguna contribución anónima para financiamiento de organizaciones políticas o sus candidatos, con motivo de actividades permanentes, de campañas y eventos electorales? Pues bien, si ustedes no recibieron sino que dieron contribuciones, ningún delito cometieron porque, en este segundo supuesto del financiamiento ilícito, el de las contribuciones anónimas, solo lo cometen quienes las reciben, no existiendo pena alguna contemplada para quien las dé, ni se tipifica delitoalguno por darlas: por contribuir con el propio dinero.
Exonerados, pues, están también de toda culpa en este segundo supuesto si lo que hicieron fue dar y no recibir, como –en efecto– fue.
Me imagino que fueron asustados los empresarios con el petate del muerto, ya que una pena de prisión de 4 a 12 años inconmutables, no son moco de pava y esta es la pena establecida por la ley en ambos supuestos. Confesar como delito, hechos que no lo constituyen, con el fin de evitar esas penas –aunque asusten– no me parece una decisión adecuada, ni justa, su prestigio manchado para siempre con tal de evitar penas que jamás se les hubieran impuesto, ya que no son constitutivos de delito los hechos confesados como tales: contribuir con dinero propio, proveniente de actividades lícitas, no constituye delito alguno.
El temor, en consecuencia (no me los puedo imaginar tomando en cuenta los recursos de que disponen y la excelencia profesional de que se pueden asistir, desconocedores del Derecho) no puede haber sido el temor de las penas –penas que jamás se les podrían imponer, inexistente el delito– sino el de la prisión preventiva, usada esta como se usa entre nosotros: en prisión preventiva un par de años, aunque jamás se les condene.
Por lo visto no solamente se les pintó un chaleco, sino que, además, se les sometió a chantaje: o confiesan como delito hechos que no lo constituyen o prisión preventiva, a nuestra usanza ¿Qué prefieren?
Si en el caso concreto no incurrieron en delito de financiamiento electoral ilícito los empresarios –no pueden incurrir en este delito aquellas personas que DAN dinero de procedencia lícita– tampoco las autoridades del partido de que se trata, puesto que las contribuciones no eran anónimas (¿acaso no existen estos empresarios?) ni había ninguna obligación de registrar en el libro contable de la organización política, lo no recibido.
Los recursos de los empresarios se habrían canalizado directamente –sin partido de por medio– en cuanto a la recepción y manejo de los mismos a los cuidadores de las mesas electorales, tal y como que si los propios cuidadores se hubieran financiado a sí mismos, o con recursos de familiares o de amigos, siendo un asunto que cambie los hechos que hayan sido de terceros.
Las ocurrencias de los legisladores en materia electoral y del propio Tribunal Supremo Electoral han sido nefastas, incongruentes, invadiendo –incluso– lo penal y ¿saben una cosa?, con esas ocurrentes normas, persistente el monopolio de los partidos políticos para nominar candidatos, los distritos electorales inmensos y los listados, nos enfrentaremos a las próximas elecciones generales, cuya convocatoria se realizará en enero. (Como dirían las señoras y señores de “enantes”, que esas elecciones –aprisionados como estaremos en lo mismo– ¡nos agarren confesados!). La tipificación del delito de enriquecimiento ilícito, segundo supuesto, tipificación dentro de la cual quisieron encajar los empresarios su conducta –no encaja– es de lo poco acertado, en cuanto a las nuevas normas electorales sancionadas penalmente: clara y tajantemente se refiere a quienes RECIBEN contribuciones y no a quienes las dan, de sus propios lícitos recursos.
La confesión de los empresarios arrastra necesariamente a sus entidades dada la responsabilidad penal de las personas jurídicas y su responsabilidad civil solidaria, por lo que debe ser muy reflexivamente sopesada por los mismos: si no cometieron delito alguno ¿por qué confesar, como tal, hechos que no lo constituyen?
Y cierro, así:Aunque parezca mentira, antes pidieron perdón los empresarios por un financiamiento ilícito que no cometieron, que los asesinos de la insurgencia armada –y de la contrainsurgencia– por los crímenes y asesinatos que sí perpetraron.
