No cabe otra palabra que ridículo si comparamos que el hijo y el hermano del Presidente de la
República, sin haber cometido ningún fraude de por medio, es decir, sin que se haya dado defraudación alguna del patrimonio del Estado, pero que incluso, si se hubiere dado, se trataría de algo así como de veinte mil dólares de los Estados Unidos de América, fueron retenidos por más de tres meses en prisión preventiva en tanto que los sindicados en el caso del transurbano –treinta millones de dólares de los Estados Unidos de América de por medio (una “pequeña” diferencia, la diferencia de veintinueve millones novecientos ochenta mil dólares más– tal, la “pequeña” diferencia) gozaron de medidas sustitutivas casi de inmediato. No cabe otra palabra, decíamos que, ridículo, a la que podríamos agregar, quizá, las de incongruente, insólito e ingrato. ¿Peligro de fuga en el caso de aquellos pero ninguna, en el caso de estos? ¿Peligro de entorpecimiento de las investigaciones en el caso de aquellos y ningún peligro en el de estos? ¡Por favor!
Y que conste que mi crítica no es en cuanto a que se les haya dado la libertad a estos, sino que se les haya denegado a aquellos.
Simplemente me sirve la comparación para evidenciar el ridículo, la incongruencia, el sinsentido en que ha ido cayendo la acusación penal con semejantes despropósitos.Una infracción administrativa que no constituye delito ni falta y en la que no hubo defraudación alguna pero que, en todo caso, se trataría –reitero– de un caso en el que se involucran unos cuantos miles de dólares es tratado con severidad mayúscula (incluso bienvenida, si fuera cierto), en tanto que el otro que involucra treinta millones –MILLONES DEFRAUDADOS– se trata con la suavidad de las plumas ¡Por favor! Me sirve de simple comparación, decía, puesto que también me parece ridículo, incongruente, abusivo e infame que –en el caso del Transurbano– se haya capturado ¡vaya show barato! al expresidente de la República Álvaro Colom y a todos los miembros de su Gabinete de Gobierno, entre estos, a Ferraté Felice, Ana de Molina y Alberto Fuentes Knight –escapado de la voracidad mediática– y por estar fuera de su inmediato alcance –tan solo quien fuera el canciller– capturados todos y sostenidos en prisión preventiva por haber participado en un acuerdo gubernativo cuya inconstitucionalidad es invocada por los acusadores (CICIG-MP o MP-CICIG) pero que jamas se ha declarado. (No es lo penal, última ratio del Derecho, la vía establecida para hacerlo). Sin habérseles citado, oído y vencido en juicio en cuanto a la inconstitucionalidad que se invoca –sin que la inconstitucionalidad haya sido declarada y ni siquiera promovido– solamente la Corte de Constitucionalidad puede declararla la acusación penal, por sí y ante sí, decidió pedir la detención de todo el Gabinete, complaciente el juzgador para ordenarla.
Tres hurras, entonces ¡Escándalo conseguido! Noticia internacional servida…
En prisión preventiva el expresidente y los ministros, en tanto que el pisto, muy bien gracias. NI UN SOLO CENTAVO RECUPERADO, ninguna extinción de dominio promovida y ninguno de los receptores y “administradores” del dinero capturados. ¡Por favor! parecería como que todo esto perteneciera a un pacto que luce de farsantes. No puede ser que se continúe con una acusación penal ineficiente sustentada en testigos que le mienten a esta acusación, acusación que vuelve a hacer del testigo la prueba reina del proceso penal, fracasada en el manejo de las otras. Agentes encubiertos y entregas vigiladas continúan durmiendo el sueño de los justos. La Central de Contenedores de Puerto Quetzal, viento en popa, destornillándose de la risa de que algunos ingenuos chapines, ¡vaya que somos ingenuos!, podamos pensar en el comiso, palabra que la acusación no comprende o que no quiere comprender: todos los instrumentos de delito, como pena accesoria –si cierta la acusación– deben pasar, en sentencia, a propiedad del Estado, incluso los financiamientos bancarios realizados y que fueron prevenidos (due diligence) de la ilegalidad que se estaba cometiendo.
¿Empresarios constreñidos a atentar en contra de su propia dignidad para no ser encarcelados? ¿Es esto hacer justicia? ¿Ninguna consideración del estado de necesidad como eximente, sea total o parcial en lo actuado? ¡Por favor! Un nuevo fiscal o una nueva fiscal viene a hacerse cargo del Ministerio Público. ¡Cuidado con la luz, la cámara y la acción! ¡Y cuidado con los premios internacionales, las fotos de prensa y las palmaditas en la espalda!
La acusación penal se ha venido desgastando a sí misma, sin darse cuenta, llevada a fines y propósitos que no le corresponden con el solo respaldo de una clac mediática que se arroga la representación de que carece y de grupos que se proponen alcanzar el poder por las puertas traseras –menos mal que, al menos, ya no con la fuerza de las armas– pero sí con la de la instrumentalización de las instituciones –incluso la de la coadyuvante internacional– para lograrlo.
Si hay cooptación del Estado y debe esta eliminarse, igual cooptación existe en la protesta civil, capturada por algunos para fines que a esta protesta no le corresponden –alcanzar el poder a través de la misma–, fin, el político, propio de los partidos y no de las agrupaciones civiles.
Den al expresidente Colom y al resto de sus ministros, medidas sustitutivas y, en general –brazaletes por delante– a quienes guarden prisión preventiva, si la Ley no lo prohíbe y si no que existe peligro de fuga de su parte o de obstrucción de la Justicia. Se ha estado haciendo daño a sí misma la acusación penal, y así ¿no lo ve? ha vaciado la plaza.
