Un juzgado de Honduras dictó auto de formal procesamiento contra seis exregidores (exconcejales) por abuso de autoridad en el caso de la ambientalista Berta Cáceres, asesinada en marzo de 2016, informó hoy una fuente oficial.
Se trata de Edwin Fúnez, Olver Robert Mejía, Nelly Senovia Sánchez, Florentino Pineda, Marlon Otoniel Méndez y Wilfredo Mejía, todos exconcejales de la Alcaldía de San Francisco de Ojuera, departamento de Santa Bárbara, occidente del país, indicó el Ministerio Público de Honduras en un comunicado.
Todos son acusados por abuso de autoridad al otorgar de “forma irregular e inconsulta” un permiso municipal de construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, iniciado hace tres años por la empresa hondureña Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA) en el río Gualcargue, al que se oponía Berta Cáceres.
El Ministerio Público precisó que los exfuncionarios facilitaron a DESA “la puesta en operaciones de la represa Agua Zarca en una clara violación a los derechos territoriales y sobre los recursos naturales ancestralmente protegidos por estas comunidades originarias”.
Los exconcejales contravinieron lo dispuesto en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que obliga a consultar a los pueblos indígenas y tribales cuando se construyen obras en su territorio, añadió.
Berta Cáceres, asesinada el 3 de marzo de 2016 en la ciudad de La Esperanza pese a contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protegerla de las constantes amenazas que recibía, se oponía al proyecto por considerar que causaba daños al ambiente, principalmente a las comunidades de la etnia lenca.
Los procesados junto con el exalcalde de San Francisco de Ojuera Raúl Pineda y el exvicealcalde Plutarco Mejía otorgaron “ilegalmente” a la empresa DESA el permiso de construcción para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico, indicó el Ministerio Público.
En este caso también están involucrados los exviceministros hondureños Marco Jonathan Laínez y Roberto Darío Cardona y el exalcalde del departamento occidental de Intibucá, Martiniano Domínguez, añadió.
Según investigaciones del Ministerio Público, Laínez otorgó en 2011 la licencia ambiental a Agua Zarca, mientras que Cardona supuestamente autorizó en 2013 la ampliación de la capacidad generadora de la hidroeléctrica de 14.4 a 21.7 megavatios.
Cardona, que ostentó el cargo durante el Gobierno de Porfirio Lobo (2010-2014), autorizó la ampliación de la licencia ambiental sin consultar ni informar a las comunidades de la etnia lenca, a la que pertenecía Cáceres, por cuyo crimen hay nueve personas detenidas.
Según un informe divulgado en octubre de 2017, el asesinato de la ambientalista fue ordenado por ejecutivos de la empresa DESA, cuyo presidente ejecutivo, Roberto David Castillo, fue detenido en marzo pasado como presunto autor intelectual del crimen, en alianza con fuerzas de seguridad del Estado.
*Con información de EFE.
