No existe un lugar más adecuado para aplicar las estrategias nacionales y subnacionales que en los municipios, porque esos pequeños gobiernos tienen diferentes necesidades, lo que para uno, son los homicidios la mayor amenaza, para otros puede ser la violencia intrafamiliar el ilícito recurrente.
Por ello, en la actualidad, ningún jefe edil puede aducir que velar por la seguridad de su municipio no es parte de su trabajo, sabiendo que desde hace varios años atrás la seguridad ya no se trata solo de combatir las amenazas en contra del Estado, sino de darle tratamiento de forma integral al problema, a través de la educación, salud, oportunidades de empleo, espacios públicos adecuados, transporte eficiente, entre otros.
En el estudio realizado por el Instituto Igarapé, el Foro Económico Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), titulado Haciendo de las ciudades lugares más seguros: Innovaciones sobre seguridad ciudadana en América Latina se establece que los avances más destacados en la reducción de homicidios en la región, se presentan en ciudades grandes y medianas. Entre los ejemplos que destacan están San Pablo y Río de Janeiro, en Brasil, quienes en 10 años tuvieron una significativa reducción del 70 % en la tasa de homicidios. Para conseguir estos resultados, las estrategias se enfocaron en la recuperación de espacios urbanos, el restablecimiento de la presencia estatal, a través de mejorar los servicios públicos, la creación de sistemas de datos integrados y la atención de jóvenes en riesgo. Otro caso relevante es Colombia, quien en el año 2010 lanzó el Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (PNVCC), el cual fue aplicado en Medellín, Barranquilla, Bogotá, Calí, Cartagena, Bucaramanga, Pereira y Cucuta.
El Plan consiste en el acercamiento entre la comunidad y la institución policial, con el fin de construir estrategias colaborativas y mejorar los mecanismos para la resolución de conflictos. Como resultado, en la primera evaluación del Plan se evidenció la reducción de varios delitos, destacando una disminución del 22 por ciento en la tasa de homicidios.
En el caso de Guatemala, se pueden identificar buenas prácticas en algunos municipios, quedando a la espera de resultados satisfactorios y esperando que más gobiernos locales se involucren en la seguridad de su municipio.
