Obviamente que no es el mejor de los caminos para ganar el favor de la Comisión de Postulación que tendrá en sus manos la elaboración de la nómina de seis abogados entre los cuales habrá de designar el Presidente de la República al próximo Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público la crítica que me he permitido hacer del sistema que la rige e incluso de algunas de las decisiones que ha adoptado. La Comisión –esta no es su culpa, lo determina el sistema– se erige en el poder legislativo de cada proceso (establece normas que en cada proceso cambian), también en el poder Ejecutivo (cumple y hace cumplir las normas por ella misma establecidas) y poder Judicial (juzga y dirime).
Una de sus decisiones que me permití criticar, por ejemplo, la cantidad absurda de documentos exigidos de los postulantes y –absurdo de absurdos– ¡aunque usted no lo crea!, las 16 copias de cada uno, santo y remedio para que muchos abogados ni siquiera lo intentaran. No es el mejor camino, decía, para ganar su favor pero, la verdad, no tengo interés alguno de lograrlo (esta no tiene tampoco por qué darlo, ni lo da) siendo lo que me interesa que la Comisión tenga, con el actual sistema ¡difícil lograrlo!, el mejor resultado; tomemos conciencia de los graves defectos que aquejan el sistema y que, debidamente comprendidos, nos esforcemos porque sea el sistema sustancialmente reformado. Podría ser que tampoco sea el mejor de los caminos para llegar al cargo lo que diré a continuación, pero pienso que es importante compartirlo con ustedes, algo que, por cierto, sabe muy bien el Presidente de la República, jefe del Estado: una vez hecho el nombramiento, si llegare a ser el caso, mi independencia –como siempre– rayará en lo absoluto: ninguna sujeción de mi parte sino a la Constitución y demás leyes, tal la institución del Ministerio Público, institución que debe velar por su estricto cumplimiento y perseguir al infractor, sea quien sea, hasta lograr la plena restauración del orden perturbador.
Improbable pues, en mi caso, que llegue a estar en la nómina de los seis y que, si llegare a estarlo, me designe el Presidente “Nombre a alguien que le obedezca”, proliferarán los asesores y las “almas piadosas” y añadirán, de igual manera: Acisclo Valladares Molina no es anti-CICIG ni anti comisionado sino tan solo crítico de los errores (severo, incluso), y lo que hará será esmerarse porque tengan la eficiencia final de que carecen ¡cuidado pues –Comisión– con incluirlo en la nómina y –Presidente– con nombrarlo! Espero que la crítica de los absurdos requisitos, incluidas las 16 copias hayan servido de algo para que la Comisión haya corregido la barrabasada hecha contra la postulante, reincorporada al proceso nuevamente. ¿A quién se le ocurre que podría existir un abogado colegiado activo con más de diez años de ejercicio profesional que careciere de grado académico? También hubieron de sufrir rigores de este tipo otros postulantes.
Estamos a estas alturas en el momento de las tachas y estaremos muy pronto en aquel que corresponde a la tabla de gradación. En cuanto a las primeras ya han surgido absurdas –como por ejemplo– las hechas en contra del único postulante, ex magistrado Titular de la Corte de Constitucionalidad, y que se centran en sus fallos, cuestionando por esta vía, la vía de su descalificación personal, la de los fallos judiciales. Si algo malo en estos, existen vías legales y no la del berrinche (tachas) en eventos de este tipo. ¿Qué importancia sustantiva dos sellos o el simple error de un notario, que no del postulante –el de la hora– cuando no puede derivar perjuicio? Con respecto a la tabla de gradación –la ley es la ley– y a ella habremos de estar, es el lógico producto de la integración que tiene la Comisión Postuladora y que privilegia asuntos académicos que parecieran más propios para la escogencia de un catedrático universitario que de un Fiscal General de la República. Pero, en fin, la ley es la ley: fueron establecidas las normas por la Comisión de Postulación y a estas –salvo si inconstitucionales– habrá de atenerse la propia Comisión y habremos de atenernos.
Si alguna vez se quieren medir los conocimientos debe hacerse por rigurosos exámenes de oposición y algo habría de pensarse para idoneidad, lo que incluye entereza y valor, por ejemplo: trayectoria de vida y superación de pruebas. He contado ya alguna vez esta anécdota pero la vuelvo a compartir, porque viene al caso, me dijo una vez nuestro recordado Edmundo Vásquez Martínez, “usted, Acisclo, nunca va a ser un gran jurista”, a lo que agregó viendo un cierto desconsuelo de mi parte “no va a ser un gran jurista porque es mejor abogado” y con su frase final concluyó, “Lo que dije es un halago puesto que académicos hay muchos en tanto que abogados –abogados– muy pocos”. Pienso que el Ministerio Público debe tener al frente a un abogado –probado como tal– que tenga experiencia en manejo de personal y presupuesto, –capaz de absoluta independencia– demostrada; capaz de aprender de la CICIG y de su Comisionado, pero también de enseñarles; nadie por encima de la Constitución y de las leyes.
Confiable para todos –si están en ley– incluidos países amigos como, por ejemplo, los Estados Unidos de América pero no sometido sino a la Constitución y leyes. Un Fiscal General fuerte. Si esto se quiere, bien, pero si, por el contrario, lo que se quiere es un cuate, sea cuate académico o cuate político, se debe buscar en otra parte. ¿Debo ser el Fiscal General? Lo que quiero es que tengamos un Fiscal General con los caracteres señalados o parecidos y me esforzaré porque así sea. Si soy yo ese Fiscal, pues bien pero, si no lo soy, mejor aún; lo que de verdad me importa es que tengamos el mejor Fiscal General posible. Sean estos días que se vienen, días de nuestra Semana Santa chapina, un buen momento para la reflexión y el reencuentro con nuestras más profundas convicciones.
