La última de sus misiones es la de transmitir sus capacidades al Ministerio Público, misión que, al final de cuentas, es la de mayor importancia puesto que, de fracasar en ella (de fracasar en la transmisión de las capacidades) el fin último para haberla establecido habría fracasado. Tal y como nacional e internacionalmente he debido ilustrarlo La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala –CICIG– se trata de una comisión surgida por nuestra propia iniciativa, habiéndose gestado a través de convenio celebrado entre nosotros y la Organización de las Naciones Unidas. En otras palabras, no se trata de una Comisión que nos haya sido impuesta sino que, por el contrario, convenimos y pactamos.
He debido recordarlo varias veces porque más de algún funcionario de algún país se ha permitido accionar para que se vea a la CICIG como una entidad que nos hubiera sido impuesta y, en dos platos, que se vea a Guatemala como un Estado “intervenido”. No existe ningún país en el mundo –y también esto es importante recordarlo– que carezca de algún esqueleto entre sus closets, siendo muy pocos –quizá ninguno– los que se atreverían a un ejercicio semejante. Si Guatemala acudió a la Organización de las Naciones fue porque esta Organización es la expresión más importante del multilateralismo en el mundo y no era concebible establecer la comisión a establecerse sino en un contexto multilateral, ajeno a cualquier protagonismo de uno solo o de unos pocos. Ningún Estado o grupos de Estados, en lo individual –tal el importante freno del multilateralismo– podría llegar a atribuirse autorías, protagonismos o mandos en la CICIG, por muy importantes que pudieran ser sus donaciones.
Los donantes darían su dinero directamente a la Comisión y esta es su única intervención en esta, el preciso límite de su participación en el esfuerzo. Nosotros, la Organización de las Naciones Unidas y los donantes, somos como la poesía al poeta que, una vez publicada, ya no le pertenece: tal es la absoluta independencia con que quisimos dotarla siendo su único límite, el límite de la CICIG –infranqueable límite– el de la Constitución de la República, e inmediatamente después, el del propio Convenio y el del resto de nuestras leyes. He querido referirme hoy al último mandato de la CICIG –a la luz del Convenio celebrado– porque esta, sea más tarde o más temprano, llegará a su final final que puede ocurrir por agotarse el plazo convenido, por nuestra propia voluntad, la de la ONU o, incluso, porque los fondos llegaren a escasear (nulas o magras las donaciones que reciba).
Es sumamente importante que la CICIG, antes de marcharse, comparta con el Ministerio Público –y mejor aún– si lo hace de igual forma con el Estado de Guatemala, con la ONU y con los donantes lo que ha sido y es su presupuesto y se pronuncie en cuanto a que si para el éxito de la gestión futura del Ministerio Público, sería o no importante que el presupuesto de esta entidad fuese tan alto, proporcionalmente, y tan secreto, como el suyo. Importante también que se pronuncie sobre los emolumentos del Comisionado y si son estos precisos, de tal envergadura, para que el Fiscal General pueda realizar bien su trabajo y otro tanto los fiscales a nivel de los emolumentos habidos en la Comisión para los suyos. El Comisionado y los funcionarios de CICIG se encuentran protegidos por algo bastante más poderoso y categórico que lo que puede ser el antejuicio –la inmunidad diplomática– y sería bueno que, en consecuencia, se pronuncie también en cuanto a que si esa inmunidad puede ser determinante para que el –o la– Fiscal General y los Fiscales se puedan manejar con excelencia: todos ellos inmunes.
¿Automóviles blindados? ¿Se necesitarán en el futuro, guardando la proporción debida? ¿Equipo? ¿Al mismo nivel? ¿Cuál, el nivel de ese equipo? ¿Mando directo sobre grupos policiales? Las cosas no ocurren por milagro o por emanación espontánea y es importante que la CICIG, al transmitir sus capacidades, se desnude de tal forma que no se tome a menos lo de su presupuesto, su monto y su carácter de absoluto secreto; lo de los sueldos, honorarios y viáticos que sus funcionarios cobran; lo de los equipos excelentes y lo de las inmunidades infranqueables, como elementos precisos para que el Ministerio Público pueda lograr, en su momento, un funcionamiento semejante. Nunca me opuse a la CICIG (hice la observación de que vendría a hacer lo que nosotros estábamos obligados a hacer y a hacerlo por nosotros mismos y que –al hacerlo un tercero por nosotros– podría hacernos holgazanes) no me opuse nunca, decía, ni lo hago ahora (el tiempo que aún permanezca depende de decisiones políticas que se encuentran en manos de las autoridades competentes ) pero siempre pensé en su final y que ese final no llegara a dejarnos en las manos de aquellos que hubieren podido acostumbrarse a que fueran otros quienes hicieran su trabajo y a cobijarse debajo de sus faldas.
Por lo demás, debo reiterar que sin el Congreso de la República no es posible terminar con la corrupción ni lograrse cambio de fondo alguno –en sus manos el presupuesto y las leyes– y que para lograr un Congreso distinto resulta imperativo que el pueblo se sienta –y se encuentre– en él representado, en otras palabras: la necesaria reforma del artículo 157, la forma de elegir a los diputados que lo integran. (Distritos pequeños –un solo diputado por distrito– sin lista nacional y sin monopolio de partidos: se inscribe como candidato, quien quiere).
