Con el avance en su segundo debate, la iniciativa de ley 5385, que establece la creación del procedimiento para delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas, ha tomado relevancia en el Congreso de la República. Juan Manuel Aquino, abogado de la Misión Internacional de Justicia, comenta los beneficios de la norma.
¿Cuál es el objetivo de esta propuesta?
La intención es propiciar justicia pronta para las víctimas de agresión sexual, por medio de la simplificación de los procesos penales.
¿Cómo se haría esto?
Se proponen dos mecanismos. Uno es un procedimiento simplificado que permitiría pasar de una primera declaración a un debate lo más pronto posible, evitando la tramitación de una etapa intermedia en el proceso penal. El otro es un procedimiento alternativo, con el cual se busca que la condena se dicte inmediatamente, si el agresor acepta el contenido de la acusación.
¿Qué se ganaría con estos mecanismos?
Agilizar los procesos. Actualmente se requiere de 6 años, en promedio, para que un caso de agresión sexual llegue a la sentencia. Lo que se pretende es que ese tiempo se reduzca hasta en un 60 por ciento.
¿Han buscado apoyo para la aprobación del proyecto?
El primer acercamiento fue con la Comisión de Reformas al Sector Justicia, del Congreso. También nos hemos reunido con diputados de diferentes bancadas, así como con integrantes de la Junta Directiva de ese organismo, a quienes hemos informado sobre la trascendencia de esta iniciativa. Creo que los diputados están conscientes de que las víctimas merecen recibir justicia en corto tiempo.
