Es lamentable e indignante que personas que ostentan un cargo de elección popular se valgan del mismo para mancillar los derechos de las personas que representan o dicen
representar y se aprovechen del poder para hacer lo que les viene en gana.
Un claro ejemplo es la publicación en redes sociales de tres videos, por demás denigrantes y, totalmente fuera de lugar, en los cuales, en uno, aparece Edgar José García Monroy, jefe edil de Patulul, Suchitepéquez, abusando de un joven a quien le coloca en el rostro una cinta adhesiva de color negro, simplemente porque le causaba diversión o como él lo expresó “fue una broma de mal gusto”. ¡Vaya palabras de descaro del funcionario munícipe!
Lo cierto del caso, es que se cometió un acto prosaico por la forma de humillar públicamente a un ser humano y luego mofarse con perversidad, cual trofeo alcanzado por la deshumanización e insensibilidad demostrada y compartida virtualmente al mundo. Me pregunto. ¿Qué pasa por la mente de los participantes y de esos mal llamados representantes del poder local, cuando cometen esa clase de chascos que vulneran los principios fundamentales de las personas? Acciones como la descrita anteriormente, no solo evidencian la ausencia de principios y valores, sino la obnubilada visión de quienes dirigen los destinos del municipio, que se supone, deben velar por el bienestar de la población y del desarrollo de las comunidades y, por supuesto, abstenerse de participar en hechos bochornosos y comprometedores.
Difícilmente, el ingenuo alcalde de Patulul, podrá recuperarse del golpe político que aparentemente por ignorancia, desconocimiento o morbosidad consintió, ya que jamás vislumbró hasta dónde llegarían las consecuencias de su absurda osadía. Pues el absoluto rechazo de los internautas en particular, y de la población en general no se hizo esperar, y hoy pende de un hilo su continuidad en la administración de ese distrito. Ahora bien, serán las entidades encargadas de investigar los hechos hoy imputados a García Monroy, quienes establezcan si procede o no retirar el derecho de antejuicio y procesarlo penalmente. En tal sentido, las redes sociales y su realidad virtual nos ofrecen un universo fácil al alcance de nuestras manos al contar con dispositivos móviles, para publicar inmediatamente las acciones que observamos o efectuamos, sean estas buenas o malas. Sin embargo, las emociones y reacciones que experimentamos pueden desencadenar una serie de patologías asociadas a su uso. Indudablemente que, esa clase de hechos deben ser un ejemplo para que las personas que ocupan un puesto de servicio a la población no cometan inmoralidades e ilegalidades que más temprano que tarde les pasarán onerosas facturas por unos minutos de fama en el espacio cibernético. Una vez más caen en la trampa de las redes sociales, quienes en complicidad o no de los protagonistas buscan notoriedad. Una malsana notoriedad cuyas repercusiones ahora se trasladan al ámbito penal. Estaremos pendientes de la evolución que tenga ese injurioso caso.
