Por: Pedro Bal Cumes
Ley de consulta, si los gobiernos de turno promovieran programas interculturales de comunicación sobre proyectos de inversión pública y privada, un dialogo de buena fe dando a conocer los impactos que conlleva dicha inversión con datos claros e informes consistentes para las distintas comunidades del interior del país y cumpla a cabalidad con los acuerdos pactados, no sería necesaria una ley de consulta.
Es un hecho que cada vez que surge el tema de consulta promovida por el Gobierno o sector privado se desatan los mil demonios en algunas comunidades y esto es aprovechado por políticos electoreros, ademas de que algunos líderes políticos ignoran el tema y lo etiquetan como un proyecto de los grupos de izquierda. A pesar de que el mismo Estado ha organizado instituciones indígenas dentro de su estructura facilitando la comunicación sobre temas de interés nacional, lejos de promover una actitud conciliadora y de diálogo algunas se oponen a esta comunicación.
Ahora que el ejecutivo promueve ante el Congreso una propuesta de ley de consulta, debe ajustarse a los estándares constitucionales del estado republicano. Los instrumentos jurídicos en materia indígena a nivel nacional, también observar instrumentos jurídicos internacionales en materia indígena para que se constituya en un instrumento guía de derechos de observancia nacional. Las consultas deben clasificarse en tres niveles, las municipales, las interdepartamentales y mancomunidades y las nacionales, como también clasificar los temas.
Temas de interés municipal, deben ajustarse al código municipal, temas de interés regional o de las mancomunidades, deben ajustarse a la ley de los consejos de desarrollo urbano y rural. Se debe organizar una comisión nacional de consulta del más alto nivel, integrada por representantes del Gobierno, iniciativa privada y sector indígena, que sea la receptora de solicitudes de consulta, que califique los temas, y que sea garante del proceso, facilite organización que registre los procesos y dé fe de los resultados. Como también organizar una comisión consultiva ejecutiva, que apoye con logística y recursos financieros, que opere resultados pactados. Para ampliar el tema de la consulta en el año 1911 la convergencia indígena Kabawil presenta públicamente una propuesta de consulta y en la actualidad el diputado Oliverio García presenta a la dirección legislativa una propuesta de ley de consulta para iniciar el debate.
