La creación y promulgación de las leyes históricamente obedece más a los intereses de sectores hegemónicos vigentes dentro de un contexto político, y no necesariamente a factores técnicamente jurídicos que tiendan a la justicia social. Sin embargo, mientras más se democraticen las sociedades y el conocimiento, mejores resultados se lograrán en la conformación del marco jurídico y su fiel cumplimiento. El derecho no es lo mismo que legalidad, aunque unos sectores interesados así lo pretenden presentar. Cuando se habla de derecho, básicamente constituye un orden normativo e institucional de la conducta humana en sociedad inspirada en la justicia y la certeza jurídica, mientras que legalidad, es el marco donde existe todo un sistema de leyes cohesionadas que deben ser cumplidas.
El marco jurídico de los Estados debe tender a la justicia para la cohesión de la sociedad, pero al entender la justicia como el poder que ejercen los más fuertes sobre los más débiles, las leyes que de ahí se inspiren no pueden tender al bien común; tenderán a los intereses de sectores que al imponerse por la fuerza, implantan también su criterio. El Decreto Número 222, Ley contra la Vagancia es un claro ejemplo de cómo un gobernante contribuyó a que, a través de un decreto presidencial, los cafetaleros se proveyeran de mano de obra gratuita para la construcción de caminos y carreteras para sus productos, peones subremunerados, muchas veces esclavizados a partir de una ley ilegítima. Es por ello que muchas leyes constitutivas requieren una revisión periódica, y que su promulgación posea un lenguaje claro y preciso para que su interpretación sea la correcta y no dé lugar a equívocos.
Gran parte de los errores jurídicos se debe a lo confuso e impreciso de la ley, que da lugar a ambigüedades. Sin duda, habrá sectores que se resistirán a cualquier cambio, pues verán afectados sus intereses. Polarizarán toda interpretación de las leyes y pretenderán señalar que la defensa o repulsa de las mismas obedece a luchas ideológicas de carácter espurio, donde nuevamente las izquierdas y las derechas aparecen en el escenario. El interés común prevalece sobre el particular; constituye una norma general que pocas veces se pone en práctica en sociedades donde no impera el derecho y en las cuales los sectores que ejercen el poder desvirtúan la justicia a través de legalidades espurias.
