Hacer obligatorio el uso de la firma electrónica en el Estado y avanzar en la constitución del gobierno electrónico, son los objetivos que persigue el Registro de Prestadores de Servicio de Certificación, adscrito al Ministerio de Economía, con la iniciativa de ley que está preparando para reformar el Decreto 47-2008.
Skarlette Anthone, directora del Registro citado, comentó en una actividad de la Escuela Bancaria de Guatemala que, a la fecha, son pocas las instituciones que utilizan esta herramienta, entre ellas el Registro Mercantil, la Corte de Constitucionalidad y la Superintendencia de Administración Tributaria.
“En el caso del Gobierno es vital su adopción para dar transparencia y no repudio a los procedimientos”, dijo Pablo Barrera, consultor de Seguridad Informática de la empresa Prisma. • B. Jiguan
