El establecimiento del Sistema de Gestión para la Atención Integral de la Niñez y Adolescencia, en julio de 2017, redujo la institucionalización (ubicación en centros de abrigo) de menores que por orden de juez deben ser protegidos por el Estado.
Antes, 7 de cada 10 niños eran llevados a una casa hogar, una medida que no permitía su desarrollo integral. Ahora, solo 3 de cada 10 menores son enviados a un albergue, según Anabella Morfín, titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN), entidad que coordina los procedimientos legales del cuidado.
Como consecuencia de las 3 mil 136 denuncias en 2017, únicamente el 8 por ciento de los infantes terminó en la institucionalización, pues el resto de casos se resolvió por la vía administrativa y judicial. • Selvyn Curruchich
