Algunos diputados del Congreso de la República, contrarios a los derechos de las mujeres y la niñez, pretenden con la iniciativa 5385, “Ley de procedimiento alternativo para la sanción y resolución de procesos de violencia sexual, explotación y trata de personas”, dar ventajas a los violadores sobre sus víctimas.
Con la justificación de reducir la mora judicial, es decir, que se resuelvan con mayor prontitud los casos de violencia sexual y trata de personas, pretenden que con el hecho de que un violador confiese su delito, se le reduzcan las penas al mínimo. Esta perversa Ley se sustenta en la aceptación y buen trato al agresor en todo su contenido, menospreciando el impacto que tiene el abuso, violencia y explotación sexual en la sociedad en general y en las víctimas en particular.
Esta iniciativa sugiere algo que ya está normado en el artículo 464 del Código Procesal Penal, solo pueden ser utilizados para delitos menores y la violencia sexual no lo es. Con esta Ley se abre la posibilidad de que se sentencie con penas menores a los agresores y violadores sexuales, así como a los responsables de explotación y trata de personas.
Un análisis jurídico realizado por abogadas y abogados dice que este procedimiento es ilegal e inconstitucional, en tanto modifica las formas del proceso penal, al mismo tiempo que crea una manera de abordar delitos específicos como la violencia sexual y la trata, y que podría facilitar la creación de tribunales especiales para ciertos sindicados.
Preocupa sobre manera esto último, ya que el Registro Nacional de Agresores Sexuales del Ministerio Público establece que el 97 % de los agresores sexuales son hombres, de los cuales el 10 % son sacerdotes, pastores evangélicos o predicadores. Esto significaría que con que confiesen su delito y con el pago de una multa pueden salir libres a seguir ejerciendo sus funciones, manteniendo contacto con posibles víctimas futuras.
Esto implica que esta Ley más que preocuparse por reducir la violencia sexual que tiene tantas implicaciones y secuelas en la vida de las niñas y niños, se preocupa más por agilizar un trámite, aunque esto no signifique la reparación digna de la víctima de violación, trata o explotación sexual.
La iniciativa 5385 dice expresamente sobre la víctima, que no puede negarse a la aplicación de este procedimiento, sin considerar su deseo de paz y resarcimiento. Es decir, que, nuevamente se viola uno de sus derechos, la búsqueda de la justicia.
¿Qué opinaría usted, si su hija o hijo fuera el violado? Es necesario que se escuchen las voces de quienes quieren parar este flagelo de violencia. ¡Anímese!
*María Dolores Marroquín
