Con el fin de que los funcionarios que gozan de antejuicio puedan ser investigados libremente por delitos que no estén relacionados con su trabajo en la gestión pública, los diputados Raúl Romero y Andrea Villagrán presentaron una iniciativa de ley en el Congreso de la República.
“Lo que se busca es que si un funcionario resultara involucrado en delitos como fraude, asesinato o cualquier otro que no esté relacionado con actividades propias de su cargo no sea sujeto al beneficio de inmunidad”, dijo Romero, y añadió que esto propiciaría que inclusive pudiera hacerse efectiva una orden de captura, si fuera procedente.
En la propuesta también se establece un plazo de 30 días para que las comisiones pesquisidoras que conozcan casos de antejuicio rindan su informe circunstanciado; asimismo, se norma la suspensión de sueldos y ejercicio de cargos para los funcionarios que fueran ligados a proceso penal.
