La Audiencia Nacional española acordó prisión provisional en espera de juicio para ocho miembros del destituido gobierno independentista catalán, investigados de sedición y rebelión, mientras que un noveno podrá salir en libertad provisional si paga una fianza.
La jueza Carmen Lamela tomó la decisión contra el vicepresidente Oriol Junqueras y los demás que acudieron a declarar. A la cita faltó el presidente Carles Puigdemont y otros cuatro consejeros (ministros), que estarían en Bélgica.
Además del vicemandatario, los otros afectados son Joaquim Forn (Interior), Josep Rull (Territorio), Jordi Turull (Portavoz), Raúl Romeva (Exteriores), Meritxell Borràs (Gobernación), Dolors Bassa (Trabajo) y Carles Mundó (Justicia).
El funcionario que puede eludir la cárcel, con el pago de una fianza de 50 mil euros (Q428 mil), es Santi Vila, que dimitió antes de la proclamación de independencia del 27 de octubre y fue el único que respondió a las preguntas de la jueza y la Fiscalía en su declaración, a diferencia del resto.
El antecesor de Puigdemont en el cargo, Artur Mas, dijo que la acción es contraproducente.
“Si ustedes miran las encuestas más recientes, comprobarán que el sentimiento y la voluntad hacia la independencia de Cataluña está creciendo en nuestro país, en Cataluña. Y por lo tanto, insisto, ni tribunales ni violencia son la solución”, expuso Mas.
El delegado del Gobierno español en Cataluña, Enric Millo, consideró que el ejecutivo catalán era el único responsable de su suerte, y acotó: “Si durante todo este tiempo hubiera habido una actitud de la Generalitat de buscar un camino alternativo que no nos llevara a este callejón sin salida, seguramente no estaríamos en esta situación”.
