Para garantizar que las inversiones nacionales y extranjeras permanezcan en el país, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) solicitó ayer a los órganos de justicia que sus resoluciones sean apegadas a Derecho.
“Es momento de que las altas cortes analicen el rumbo al que conducen las acciones de ciertos grupos con intereses particulares, pues utilizan argucias y vacíos legales para alcanzar su cometido”, argumentó el sector empresarial organizado, en un comunicado.
En el documento, el Cacif señaló que la falta de certeza jurídica está impidiendo el reinició de operaciones de Minera San Rafael, cuyas actividades extractivas fueron suspendidas de manera provisional en julio por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y ratificada en agosto por la Corte de Constitucionalidad.
Pérdidas
Andrés Dávila, gerente de Comunicación de la compañía, manifestó que para este año preveían extraer 21 millones de onzas de plata, pero que la medida judicial incidirá en una baja de 4 millones de onzas en la producción.
Por cada día que no están operando el Estado pierde Q1.2 millones en impuestos y regalías. La resolución de la CSJ, que fue emitida el 22 de junio, cesó las licencias de las plantas. • Brenda Jiguan
