Esta semana inicia con dos eventos relevantes, por un lado se conmemora el 72 aniversario de la creación de las Naciones Unidas (NU); en segundo lugar, resalta que del 24 al 30 de octubre se da lugar a la celebración anual de la Semana del Desarme.
En esta ocasión abordaré el segundo tema, considerando la importancia de la temática en un país donde uno de los ilícitos más cometidos a nivel nacional son los delitos contra la vida y en el que el arma de fuego ha sido, en la mayoría de casos, el medio para alcanzar el fin.
El llamado para fortalecer la seguridad y la paz, a través del desarme, data del año 1978, siendo su enfoque principal la búsqueda de eliminación de armas nucleares, armas de destrucción masiva y la regulación de las armas convencionales; esta última atrae la atención al Tratado sobre el Comercio de Armas que se encuentra vigente desde el año 2014, el cual regula el comercio internacional de ese tipo de armas, las convencionales, incluyendo carros y aeronaves de combate, buques de guerra y armas pequeñas.
Los resultados obtenidos hasta la fecha son insatisfactorios, pese a existir una serie de compromisos por parte de los Estados miembro de las Naciones Unidas; por ello, dentro de la Agenda para el Desarrollo Sostenible se ha incluido un objetivo específico de reducir significativamente las corrientes ilícitas de armas para el 2030, buscando con ello fortalecer la lucha del desarme.
Las cifras nos dicen que 640 millones de armas de fuego circulan en el mundo de forma legal, y de estas, un tercio se encuentran en manos de la población, es decir, cerca de unas 200 millones de armas. Si esas son las cifras de armas legales, ¿Cuál será el dato de las armas ilegales?
En un país como Guatemala, donde el tráfico ilícito de armas es un grave problema, en el que se adquiere con facilidad un arma de fuego y en el cual en algunos territorios es normal ver a personas portar a la vista armas de fuego de forma ilegal, es perentorio fortalecer los controles, y aún más significante, que la población sea educada sobre el tema.
Es prioridad que las autoridades trabajen con mayor ímpetu para fomentar una cultura de paz, en la cual, la reducción de homicidios solo es una de las metas. Es urgente que la familia se involucre en fomentar la resolución de conflictos a través del diálogo, antes del uso de la fuerza y la violencia.
