Después de haber descubierto la supuesta responsabilidad de un empleado en la falsificación de tarjetas de salud y otros documentos, autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social interpusieron una denuncia penal, lo cual podría dar indicios sobre una estructura criminal incrustada en esa cartera, según su titular, Carlos Soto.
De acuerdo con el funcionario, las pesquisas están en manos del Ministerio Público, mientras la Unidad de Transparencia y Anticorrupción de ese despacho le da seguimiento a otras cinco denuncias por posibles actos de corrupción en los centros asistenciales de Santa Rosa, Huehuetenango, Zacapa, Quetzaltenango y San
Marcos.
Por otra parte, se está evaluando el trabajo de los 44 directores de hospitales y 29 jefes de área, y se prevé que en enero se determine si estos deben permanecer en sus puestos o ser removidos, dijo el ministro.
