El procesamiento de la jefa de los fiscales de Argentina, Alejandra Gils Carbó, por supuesta administración fraudulenta dejó a la luz nuevas turbulencias en el ámbito de la Justicia, mientras el gobierno pretende que dé un paso al costado.
El juez federal Julián Ercolini procesó a Gils Carbó como coautora penalmente responsable de administración fraudulenta agravada en la compra en 2013 de un edificio para la Procuración General, según el Centro de Información Judicial.
El ministro de Justicia, Germán Garavano, consideró que lo lógico sería que la procuradora general pida licencia mientras se resuelva su situación. León Arslanian, abogado defensor de la procuradora, respondió que a ella se le acusa de un delito que es imaginario, pues no existió daño patrimonial.
