De acuerdo con autoridades gubernamentales, unas 53 comunidades se encuentran asentadas en áreas protegidas de Petén, principalmente en la Biósfera Maya, y para 7 de ellas existen “procesos avanzados” de desalojo, en función de proteger el patrimonio natural de la nación.
Otras 38 estarían por recibir órdenes de desocupación, aseguran los funcionarios, como la que fue dictada por un juez y ejecutada en el poblado Laguna Larga, a principios de junio, con cuyos habitantes la administración del presidente Jimmy Morales retomará mañana el proceso de diálogo para atender sus necesidades.
Al respecto, se informó que el procedimiento se inició la semana pasada, en función de encontrar alternativas consensuadas en apoyo a 111 núcleos que ahora sobreviven en la zona limítrofe con México.
Además de atender el problema principal, que es la carencia de tierra de la comunidad, se busca ofrecer soluciones a la escasez de alimentos y servicios, como educación y salud, en parte como respuesta a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó medidas cautelares en favor de los pobladores.
La acción gubernamental también se anticipa a un fallo que se espera emita la Corte de Constitucionalidad respecto de un amparo promovido por quienes radicaban en Laguna Larga, aunque se considera poco probable que la decisión propicie el regreso de los interponentes al lugar donde habitaban.
La administración actual intervino con responsabilidad, en el sentido de ejecutar el mandato judicial de desocupar el terreno referido, el cual fue emitido desde 2007, e igualmente pretende encontrar una solución viable y negociada con quienes carecen de lugares para vivir y trabajar.
Lo anterior, aunque existe, según Sergio Flores, titular de la Comisión Nacional de Diálogo, una actitud de reticencia con sus interlocutores para dar a conocer sus datos personales, firmar listados de beneficiarios o incluirse en censos, de acuerdo con la Agencia Guatemalteca de Noticias. Hasta el momento, se desconoce con certeza su razón de pretender el anonimato.
No obstante, la iniciativa gubernamental persistirá, con la convicción de que el modelo implementado para la resolución de este problema deberá ser adaptado para desactivar o atender otros que probablemente surgirán en el departamento del norte y en otras partes del territorio nacional en las que la pobreza lleva a tantas personas a cometer acciones reñidas con la Ley, y en detrimento de los bienes estatales.
