No se trató de que monjitas de la caridad hayan dado mordidas para -filantrópicamente-cobrar menos por los servicios portuarios a prestar.
Bajo ninguna circunstancia se debe transar con el delito y en el caso de la Terminal de Contenedores de Puerto Quetzal, TCPQ, todos los instrumentos que fueron utilizados para que pudiera llegar a perpetrarse deben caer en comiso, es decir –pasar a propiedad del Estado– pena que es obligada, de conformidad con la ley, y que es distinta de la indemnización que en este caso concreto le pudiera corresponder por los daños y perjuicios que se le hubieren ocasionado.
La pérdida de los instrumentos del delito –se denomina a esta pena, comiso– se trata de una pena que es impuesta por la ley como una sanción penal que no puede soslayarse y que recae en este caso concreto tanto sobre el importe económico de las mordidas (sobornos) como sobre las inversiones realizadas, instrumentos todos que fueron del delito ( concurso de delitos) para llegar a apropiarse de un bien del Estado y explotarlo en detrimento de su patrimonio y, es más, no sólo del suyo sino del patrimonio de aquellos que usen sus servicios, los sufridos usuarios.
Como ya lo expliqué desde las páginas de El Periódico –con la misma libertad con la que pude hacerlo entonces y que caracteriza todos mis artículos– lo hago desde estas: Nadie –ninguno– da mordidas «por deporte» ni se hace de un contrato para colgarlo como un adorno en la sala de su casa sino para explotar lo que se haya contratado, explotación que en este caso implicaba la realización de inversiones para hacerlo rentable, explotación rentable a costa del patrimonio del Estados y, tal y como lo decíamos –más caros– de los propios usuarios de los servicios a prestar
No se trató de que monjitas de la caridad hayan dado mordidas para –filantrópicamente– cobrar menos por los servicios portuarios a prestar, sino, todo lo contrario, de «inversionistas» que querían cobrar más, más de lo que hubieran podido pretender si sujetos a una licitación internacional para conseguir el bien y explotar el servicio.
Debo reiterar para la tranquilidad de los «afligidos de buena fe» y que tanta preocupación expresaron por el pronto funcionamiento de la Terminal de Contenedores de Puerto Quetzal, sin importar los delitos que para lograrlo se hayan cometido, que no se discute si esta debe operar o no ¡Claro que debe operar y cuánto antes! sino sobre quién es el propietario de la misma, si el Estado o los autores del delito, autores por sí mismos o por haberles sucedido en sus “derechos”. ¿Qué derechos? ¿El delito como fuente de Derecho? ¡Por favor!
Procuraduría General de la Nación y Gobierno e incluidos, también, interventor y tribunales, fueron arrastrados por la CICIG, estratega de esta, al menos hasta ahora, frustrada y tan desafortunada transacción con el delito que eso –y no otra cosa– es olvidarse del comiso y de las medidas precautorias que se deben tomar para asegurar su cumplimiento,
¿No se promovió una transacción con el delito –oportunidad– y conveniencia por encima de la ley?
¿Qué no es así? Y, si no es así (sirva también como prueba, este “otro” botón) ¿Qué pasó con Pérez Maura? ¿Acaso tan ineficiente, INTERPOL?
¿Qué pasó con el comiso?
