La Unión Europea (UE) y la Organización de las Naciones Unidas presionaron al Gobierno español para que dialogue con los independentistas catalanes, que amenazan con una declaración unilateral de independencia, tras el referendo prohibido del domingo, marcado por violentas cargas policiales.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió al gobierno conservador de Mariano Rajoy investigaciones completas, independientes e imparciales sobre todos los actos ocurridos el domingo.
Los agentes recurrieron a porras, patadas, empujones y balines de goma contra los manifestantes decididos a votar, y entraron por la fuerza en colegios para requisar urnas y papeletas. Según el Ejecutivo catalán, al menos 900 personas necesitaron atención médica, y 2 de ellas tienen pronóstico reservado.
La UE pidió también a Madrid y Barcelona pasar rápidamente de la confrontación al diálogo, porque la violencia nunca puede ser un instrumento en política.
Minutos después, el presidente catalán Carles Puigdemont solicitó en Barcelona una mediación, que según él debe ser internacional para que sea eficaz, y pidió la retirada de todos los efectivos policiales desplazados a Cataluña, por estos actos de represión.
