La Cámara de Diputados de Brasil comenzó a evaluar este martes la denuncia contra el presidente Michel Temer por supuestamente liderar una organización criminal para expoliar al Estado, el segundo proceso que amenaza al mandatario en apenas dos meses.
Las 245 páginas de la denuncia comenzaron a ser leídas esta mañana en el recinto de la Cámara, donde el mandatario cuenta con una holgada mayoría que ya le permitió bloquear en agosto una primera acusación en su contra por corrupción pasiva.
“La sociedad brasileña acaba sufriendo con este desgaste”, dijo la diputada Mariana Carvalho (PSDB, centroderecha), encargada de leer la denuncia de la Fiscalía General.
Como en la vez pasada, los legisladores recibieron el proceso por parte de la Corte Suprema y deben decidir si el caso tiene que ser elevado a juicio por el Alto Tribunal, lo que podría suspender a Temer de su cargo por hasta 180 días.
Tras la lectura, que puede demorar varias horas, el próximo paso será el tratamiento de la denuncia en la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ), encargada de elaborar una recomendación no vinculante al plenario. Esta fase podría tomar entre dos y tres semanas, dijo a la AFP la asesoría de comunicación de la Cámara.
Pero la decisión final dependerá de que al menos 342 de los 513 diputados voten por autorizar a la corte suprema a evaluar la denuncia. De lo contrario, esta quedará congelada y el mandatario solo deberá responder por el proceso cuando haya dejado la jefatura del Estado.
El saliente fiscal general Rodrigo Janot ya había convertido a Temer en el primer presidente brasileño en funciones en ser acusado de un crimen común y, poco antes de dejar el cargo, lo volvió a denunciar por presuntamente liderar una organización criminal que habría recibido sobornos por 587 millones de reales (189 millones de dólares al cambio actual).
Janot también acusó al presidente de intentar obstruir la labor de la Justicia, en el marco de un esquema junto con dos de sus principales ministros, Eliseu Padilha (jefe de gobierno) y Moreira Franco (secretario general de la Presidencia) y varios asesores del PMDB, la fuerza conservadora que lidera la coalición del Gobierno.
Según la procuraduría, los acusados “practicaron acciones ilícitas a cambio de sobornos a través de organismos públicos como Petrobras, Furnas, Caixa Económica, el Ministerio de Integración Nacional y la Cámara de Diputados”.
Si el proceso fuera elevado a la corte, los 11 jueces del tribunal deberían definir si abren o no un juicio contra Temer, lo que podría apartarlo automáticamente de su cargo.
Si al cabo del proceso judicial Temer fuera hallado inocente, retomaría su mandato.
Pero si es declarado culpable, el Congreso debería elegir su sucesor 30 días después, para completar el mandato hasta fines de 2018.
*Con información de AFP.
