Componente estratégico de un Sistema como el aludido, lo constituye la creación e institucionalización de espacios para la participación ciudadana de las mujeres. Pero esto pasa necesariamente por reconfigurar las relaciones históricas de exclusión a que nos hemos visto sometidas por el hecho de ser mujeres. En este proceso hay avances, pero débiles.
La práctica del diálogo, la negociación de intereses y el consenso ciudadano, ha estado sujeta en muchos casos a intereses sectoriales o de muy corto aliento. El diseño de mecanismos institucionalizados para este fin no necesariamente apunta a la gobernanza y al ejercicio continuado de una ciudadanía informada, interpelante, pero, sobre todo, propositiva.
Todo pasa por reconfigurar la relación entre las ciudadanas y la institucionalidad pública, con nuevas claves y en el marco de una lógica de toma de decisiones para el desarrollo nacional, con sostenibilidad. Como Seprem nos corresponde promover estos procesos. No ha sido fácil, porque reconocer malas prácticas desde el Estado, de cara a la reafirmación de los derechos de las mujeres, de ellas como sujetos de acción política y pública, es un enorme desafío. También lo es darle vuelta a tendencias instrumentalistas de la institucionalidad pública, con que muchos sectores de la sociedad civil organizan las acciones de interlocución, diálogo y coordinación con instancias gubernamentales. Este último factor resulta particularmente importante, en un contexto en el que las mujeres hemos avanzado poco (a pesar de largos años de trabajo duro y continuo) en la transformación estructural de nuestra condición y posición subordinada en la sociedad.
Dado el carácter transitorio de los gobiernos, corresponde garantizar la continuidad de las políticas, programas, proyectos y marcos de acción, dirigidos a transformar esa condición de subordinación y las enormes brechas de inequidad que enfrentan de manera particular, las mujeres indígenas, pobres, del área rural.
Este compromiso no es a favor de ningún sector, o personaje, de ningún partido político, ni organización social. Es un compromiso de Estado, a favor de TODAS las mujeres y de su emancipación como grupo social mayoritario. Las comisiones nacionales de la Mujer del Conadur y de los Codedes son un buen paso, pero no suficiente.
Continuará
