Un elemento central en la concepción de los estados modernos es el hecho de que se ha dejado de creer que el Gobierno es el único responsable de localizar los problemas que aquejan a la sociedad y de buscarles soluciones.
En ese sentido, las políticas públicas son diseñadas de forma cada vez más participativa y con un fuerte componente de inclusión de diferentes sectores en la formulación y puesta en práctica de las acciones para superar los desafíos del país.
La organización gubernamental, eso sí, debe jugar roles de facilitación, generación de confianza y coordinación de esfuerzos, para que la comunidad se decida a aportar sus conocimientos, tiempo y recursos de diversa índole, en función del bienestar común.
En Guatemala, el tema de la prevención de la violencia y el delito es el mejor ejemplo de cómo la gente cobra un papel mucho más preponderante en pos de su propia protección y tranquilidad, con acciones en diferentes campos que pueden mejorar la calidad de vida de forma integral.
De manera coherente, la administración del presidente Jimmy Morales ha desarrollado sus labores sobre el asunto a partir de la presentación, a mediados de julio, de la Estrategia para la
Prevención de la Violencia y el Delito.
Parte de esos lineamientos generales de actuación llegaron al territorio, con la creación de 29 Políticas Municipales de Prevención, las cuales se entregaron recientemente a las autoridades ediles de los distritos seleccionados. Ayer, las autoridades anunciaron la implementación de 103 de esas instancias en el nivel comunitario, con el apoyo de la cartera de Gobernación.
En cada municipio, las comisiones multisectoriales integradas para el efecto estudiaron por un año las condiciones de riesgo y las mejores formas de superarlas, en el marco de la seguridad
democrática.
De esa cuenta, se contemplan acciones, no solo de la cartera del Interior, sino también de las de Cultura y Deportes, y Educación. En ese sentido, se tienen previstos proyectos de recreación, actividades físicas, lúdicas y de desarrollo artístico.
Las acciones impulsadas por el Organismo Ejecutivo contribuirán al fortalecimiento del poder local y sus dos componentes: los gobiernos municipales y la organización comunitaria, indispensables para adelantar efectiva y eficientemente cualquier iniciativa de descentralización, tan necesaria para llevar la prosperidad a las áreas en donde la presencia gubernamental ha sido escasa.
