A pesar de que se reconocen los esfuerzos para reducir el uso excesivo de esa práctica en la región, hay acciones pendientes para ser implementadas.
Cuando escuchamos sobre la situación de los sistemas carcelarios en América Latina, es inevitable que la palabra hacinamiento surja en nuestra mente, y es que, aun cuando algunos lo padecen con más fuerza, ningún país de la región se salva de este problema, principalmente porque se continúa utilizando la prisión preventiva de forma no excepcional.
En días recientes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe llamado Medidas para reducir la prisión preventiva, en el cual, pese a que se reconocen los esfuerzos que los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) han realizado en los últimos años, para reducir el uso excesivo de esa
práctica, aún hay acciones pendientes.
Durante la presentación del informe, el comisionado James Cavallaro, relator sobre los derechos de las personas privadas de libertad afirmó: “El uso excesivo de la prisión preventiva constituye un problema estructural inaceptable en una sociedad democrática, que respeta el derecho de toda persona a la presunción de inocencia y representa una práctica contraria a la esencia misma del Estado de derecho y a los valores que inspiran a una sociedad democrática”.
La declaración anterior deja en la mesa un asunto complicado de entender, porque estamos acostumbrados a escuchar a los jueces dictar prisión preventiva en la mayoría de casos, no obstante, que algunos de ellos no lo ameritan, más bien se pudieron haber aplicado medidas alternativas.
En ese sentido, la Comisión propone que se siga trabajando en la aplicación de herramientas para reducir el uso excesivo de la prisión preventiva.
Entre las medidas alternativas que se proponen está la reducción de plazos en los procesos, la creación de programas de seguimiento electrónico, implementación de programas de justicia restaurativa, revisión periódica de los casos de prisión preventiva, entre otros.
Por supuesto que cada una de las medidas propuestas tiene sus obstáculos, especialmente el recurso financiero y humano, porque este tipo de acciones nunca han sido prioridad en los países de la región, no obstante, es un esfuerzo urgente y necesario para que el hacinamiento no siga en aumento y con él las posibilidades de un hecho de
impacto desde las cárceles se fortalecen.
