La visión del Estado como botín encuentra sus raíces en el vigente sistema de incentivos perversos.
No hay otra fuente de la que emana el poder del Estado más que de la gente misma; es por ello, que cuanto más poder asume el aparato estatal de manera ilimitada, deja a la sociedad con tanto menos poder. Nunca puede darse un fortalecimiento del poder estatal sin el correspondiente y casi equivalente debilitamiento del poder social. Por eso deben fijarse límites claros al “poder hacer” de nuestras autoridades de Gobierno. Existe una sentencia de un pensador inglés del siglo XVII, Lord Acton: “El poder corrompe…Y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Al día de hoy, con gran vigencia en nuestra realidad nacional.
En un orden de cosas como el vigente en Guatemala, el efecto que más nos ha aletargado como sociedad, debido precisamente a la falta de límites, a un abuso en el quehacer gubernamental, que carente de todo cálculo económico en decisiones políticas y, a servicios no pertinentes e ineficientes a la ciudadanía en general, proyecta día con día, la restricción y represión del ímpetu del espíritu emprendedor, que es el principal motor del
desarrollo y progreso.
La política convencional en el país agoniza, aunque aún persisten espectros perversos, debido precisamente a la falta de una propuesta de reforma seria e integral, que fije candados a las administraciones gubernamentales venideras, acorde a la naturaleza de la existencia de gobierno.
En Guatemala los electores dan por sentado que la actual oferta política es buscadora de rentas; los partidos políticos son vistos como una mezcla oportunista y populista de personas inescrupulosas en busca de fortunas basadas en corrupción. La visión del Estado como botín encuentra sus raíces en el vigente sistema de incentivos perversos a la falta de límites bien definidos (candados constitucionales) que eviten el derroche, no solo de recursos, sino también del desborde en tamaño y, por ende de gasto público ineficiente, a lo que la ciudadanía está demandando. En esencia, el enfoque teórico que proyecta limitar el poder público, también resalta la premisa de promulgar la importancia de la separación de poderes y propone que la función esencial del Gobierno debe garantizar el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de todos los ciudadanos. Hasta este tópico, no hay mayor debate; no hay contradicción entre las distintas corrientes del pensamiento político de “izquierda” o de “derecha”. Parafraseando al columnista cubano Carlos Alberto Montaner: “No se trata de escoger entre partidos políticos, sino entre políticas públicas”.
