Guatemala cuenta desde ayer con una herramienta electrónica destinada a elevar la participación ciudadana en las labores de lucha contra la delincuencia. Se trata de la plataforma www.tupista.gt, establecida para facilitar que la población denuncie actos al margen de la Ley.
Es un portal que cuenta con un formulario para reportar hechos anómalos y con otros formatos específicos para transmitir a las autoridades datos sobre extorsiones, pandillas, homicidios o femicidios, drogas, contrabando, corrupción y lavado de dinero, y que además presenta un listado de las personas más buscadas por las fuerzas de seguridad.
En este se solicita a los usuarios que bajo un anonimato garantizado consignen datos, características, localización, actividad, propiedades y vehículos de personas que resulten sospechosas.
La solución informática fue instalada con el respaldo de la organización Crime Stoppers, que existe desde 1976 y tiene mil 200 programas similares al empleado en Guatemala, en 35 países, donde, según sus creadores, ha ayudado a resolver 1.25 millones de casos.
www.tupista.gt forma parte de una estrategia para fortalecer la cultura de denuncia en una alianza público-privada entre la referida organización, la Asociación Ciudades Seguras y el Ministerio de Gobernación.
Es un hecho que el combate a la delincuencia común y al crimen organizado requiere de la implicación de todos los sectores de la sociedad y no solo la acción gubernamental. Es ahí donde radica la importancia del uso de avances tecnológicos de este tipo, que empoderan a la “gente común” frente a los criminales.
Por otro lado, el sistema permitirá a la sociedad evaluar cuánto ha mejorado el Estado guatemalteco, y especialmente los cuerpos del orden público, en la tarea de “escuchar” a la población y reaccionar ante sus demandas.
Asimismo, en el mediano plazo, el estudio de la base de los datos introducidos al portal por los guatemaltecos responsables podrá contribuir a las labores de inteligencia y prevención del crimen.
Las autoridades abren un nuevo frente de lucha contra la delincuencia, en el cual la relación funcionario-ciudadano se estrechará y contribuirá en la generación de la confianza imprescindible en diferentes ámbitos para mejorar las condiciones de vida en el país.
