Mejorar la competitividad para incrementar la productividad y así generar crecimiento económico inclusivo, acelerado y sostenible.
Esta semana conocí la nueva Política Nacional de Competitividad, impulsada por Pronacom en un esfuerzo concertado entre el sector público, privado, academia y sociedad civil, la cual establece las directrices que nos permitan mejorar la competitividad para incrementar la productividad y así generar crecimiento económico inclusivo, acelerado y sostenible. Este instrumento eleva lo que conocíamos como Agenda Nacional de Competitividad a nivel de política pública, alineada con el Plan Katún 2032, la Agenda Económica y la Agenda Urbana GT.
Para alcanzar este objetivo, se propone trabajar en tres ejes. El primero, impulsar los sectores que tienen gran potencial para generar empleo. Para ello, en un esfuerzo conjunto con el sector productivo se priorizaron 11 clúster: forestal, muebles, papel, hule, frutas, vegetales, alimentos procesados, bebidas, textiles, confección, calzado, metalmecánica, turismo, servicios de salud, TIC, desarrollo de software, transporte y logística, construcción.
El segundo es reducir y eliminar las brechas que restan competitividad a nivel de país, sectores y territorios, en temas de corrupción, certeza jurídica a la inversión, seguridad, desnutrición, calidad educativa, entre otros. Y el tercero aborda la nueva política, son los territorios que para el año 2032 han alcanzado su consolidación urbana y se han generado las condiciones de competitividad para el desarrollo de los guatemaltecos. Además del área metropolitana de Guatemala, se han identificado 9 ciudades o nodos: Regional de los Altos; Regional de Cobán, Guatemágica, Metrópoli de Oriente, Huehuetenango; ciudad Portuaria de Puerto Barrios; ciudad Portuaria de San José; ciudad Turística de Antigua Guatemala; ciudad Turística de Petén. Asimismo, proponen mecanismos de monitoreo y evaluación en los años 2021, 2026 y 2032. Si bien la política proyecta alcanzar 5.6 millones de nuevos empleos para el 2032, es urgente implementar acciones inmediatas para atender la necesidad de oportunidades de empleo para los 200,000 jóvenes que se incorporan a la población económica activa y que, de estos, únicamente 35,000 logran insertarse al mercado laboral.