Como una respuesta a la preocupación expresada la semana pasada por diferentes sectores, en el contexto de la negativa del Congreso de la República a aprobar la propuesta del Organismo Ejecutivo para que se declarara estado de calamidad pública en las carreteras centroamericanas del país, el presidente Jimmy Morales anunció que seguirán en su intento, por diversas vías, para dar una respuesta a la población, que clama porque se brinden soluciones rápidas a un problema generado por la corrupción y la desatención de administraciones anteriores. Asimismo, el vicemandatario Jafeth Cabrera ratificó que con los recursos y mecanismos disponibles y las reorganizaciones necesarias se continuará atendiendo la red vial.
Propuesta y “freno”
El lunes, el mandatario en Consejo de Ministros definió un plan de acción para restaurar los caminos del país que, entre otras acciones, contemplaba el establecimiento de un estado de calamidad pública por la
situación de las carreteras.
El Acuerdo Gubernativo 5-2017, publicado el martes 18, se plasmó como consideración de esta decisión, pues el deterioro de las rutas las hace intransitables, y al recorrerlos se pone en riesgo la vida, seguridad, integridad y libre locomoción de las personas; además, perjudican el desarrollo económico de la nación.
Uno de los principales argumentos de los detractores de la medida fue que se promovería la opacidad, pese a que en el acuerdo se establecía un párrafo sobre la transparencia en la ejecución de los recursos y que se rendiría al Congreso de la República un informe circunstanciado de las actuaciones, tal como lo establece el artículo 32 de la Ley de Orden Público.
Todo esto, reforzado con el compromiso del necesario uso de Guatecompras y de la implementación de otro mecanismo para la rendición de cuentas en tiempo real.
Además, se especuló que con la aprobación del estado de calamidad se podrían volver a firmar negociaciones anómalas, aunque en el Acuerdo referido era explícito que solo se comprarían materiales, suministros y bienes indispensables, y no aplicaba para la contratación de obra.
No obstante, 67 diputados votaron contra la iniciativa, lo que el gobernante lamentó, y calificó la actitud del principal bloque opositor como un “freno” político a los esfuerzos del Gobierno; asimismo, el ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Aldo García, manifestó que la decisión era una “negativa lamentable”.
Corrupción de grandes alcances
“El actual estado de las carreteras no es de 18 meses, sino de décadas en las que no solamente se invirtió poco en infraestructura, sino que mucho de ese dinero fue a parar a otros lados, dada la corrupción existente. Además, es necesario decir que la calidad de la obra fue directamente afectada”, expresó Morales en la conferencia de prensa en la que se anunciaron las medidas a
implementarse.
Paradójicamente, la necesaria lucha contra la corrupción en la asignación de obras podría limitar de manera significativa el avance en los proyectos carreteros, ya que la semana anterior a la propuesta del Organismo Ejecutivo hubo capturas de personas relacionadas con empresas bajo sospecha de haber firmado contratos anómalos para la construcción y mantenimiento de los caminos, que originarán procesos judiciales, los cuales, a su vez, podrían paralizar las ejecuciones sobre las vías. La falta de honestidad ha llevado al borde del colapso a las rutas nacionales.
Urgencia
En el contexto relatado, empresarios del turismo, comerciantes, productores y transportistas expresaron su preocupación porque se logre en la brevedad posible darles atención a las vías del país.
En opinión de Diego Díaz Figueroa, presidente de la Cámara de Turismo, las carreteras son el principal brazo y una de las herramientas para la expansión de la industria sin chimeneas, cuyo impacto positivo muchas veces no se aprecia adecuadamente. “Por eso es lamentable que no se les dé la prioridad necesaria”.
Para la Cámara de Comercio e Industria Guatemalteco-Mexicana, el país es el primer “tope” para la circulación de productos en la región, y atraviesa por una situación negativa distinta a la de las rutas del vecino del norte y a las de El Salvador y Honduras.
Al respecto, empresarios del transporte de pasajeros hacia el noroccidente atribuyen al mal estado de los caminos una disminución del 7 por ciento de su demanda, y se recordó que la mercadería circula por Guatemala a la tercera parte de la velocidad con que lo hace en otros territorios.
Aunque una de las acciones planteadas por la administración no haya recibido el respaldo esperado en el Congreso de la República, esta forma parte de un conjunto de medidas que el Organismo Ejecutivo continuará impulsando, desde una óptica
integral del problema.
De acuerdo con el mandatario, se presentará al Legislativo una reforma a la Ley de Contrataciones del Estado. Paralelamente se impulsará un cambio a la institucionalidad de la Unidad de Conservación Vial y se convocará a una mesa de trabajo para evaluar los convenios que presentan problemas legales, y encontrar una solución efectiva, transparente y ceñida a la normatividad.
Asimismo, se entregará un proyecto para regular liquidaciones especiales y se tiene contemplado aprovechar las regalías petroleras en especie, para dotar de insumos a la Dirección General de Caminos y al Cuerpo de Ingenieros del Ejército, instituciones
centrales en los planes de reparación.
Adicionalmente, García informó que otra acción que podría concretarse es la reducción del monto y, por tanto, del alcance de determinados contratos para atender otros tramos.
Antecedente
El viernes, el jefe del Organismo Ejecutivo coordinó diferentes frentes de trabajo del CIV y del Ministerio de la Defensa Nacional para reparar los trechos más afectados.
Antes, a media semana, fueron publicadas en la parte legal de este medio de comunicación siete convocatorias públicas de licitación para el rescate de igual número de vías.
Estas son algunas muestras de que el empeño gubernamental continuará con acciones directas o diálogos y gestiones para dotar a la población de carreteras dignas.
• *Con información de AGN
