Desde 2005, no menos de 70 consultas comunitarias se han hecho en Guatemala, la mayoría de las cuales han tomado como base el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el país en 1996.
Este instrumento “obliga a los Gobiernos a respetar los valores tradicionales de los pueblos indígenas y tribales, y a consultar con ellos todas aquellas decisiones que afectan su desarrollo económico o social”, precisa la entidad.
Prácticamente, en todos los procesos referidos la población se ha pronunciado en torno del aprovechamiento de los recursos naturales, como fuentes de agua y minerales, pero por 21 años el Estado no había podio articular estas expresiones con las decisiones acerca de cómo lograr el progreso de la nación.
Esto ha ocasionado órdenes de suspensión de operaciones de diferentes proyectos, además de conflictos y violencia en algunos territorios; y que el instrumento de participación, ideado para mejorar las condiciones de gobernabilidad, no ha alcanzado
plenamente su objetivo.
Pero esto seguramente cambiará a partir de la creación y puesta en práctica de la Guía Operativa de estándares básicos para que las poblaciones originarias sean consultadas, que asume los principios del acuerdo de la OIT y, además, integra el contenido de la sentencia reciente emitida por la CC relacionada con el asunto.
Atendiendo genuinamente a los principios de la materia que busca regular, el documento es producto de ocho meses de discusión con los sectores interesados, y será enviado al Congreso de la República como un aporte a la emisión de una ley.
Según se explicó, la Guía establece que los proyectos que se busque ejecutar, y sobre los que se requiera la opinión de las comunidades, contarán con la articulación de esfuerzos de todos los ministerios y de una entidad rectora que será creada para el efecto.
El gobierno del presidente Jimmy Morales responde, por un lado, a la demanda de reglas claras para la inversión, y al mismo tiempo, a la necesidad de que el parecer y los derechos de los pueblos ancestrales sean tomados en cuenta.
Se trata de una acción que mejorará el diálogo y la democracia en el país, contribuirá a la discusión del modelo de desarrollo, y podrá hacerlo más equitativo por medio de acuerdos de nación.
