El Gobierno de Venezuela advirtió a Estados Unidos que avanzará con la elección de la Asamblea Constituyente, pese a su amenaza de imponer sanciones económicas como parte de una creciente presión internacional que busca obligar al presidente Nicolás Maduro a frenar su iniciativa.
“Nada ni nadie podrá detenerla; la Constituyente va. Hoy el pueblo venezolano es libre y responderá unido ante la insolente amenaza planteada por un imperio xenófobo y racista”, afirmó el canciller venezolano Samuel Moncada, en una declaración pública.
El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró ayer que “tomará rápidas y fuertes medidas económicas” si Maduro persiste en la elección, el 30 de julio, de la Constituyente, que la oposición considera un “fraude” del chavismo para perpetuarse en el poder y hacer de Venezuela “otra Cuba”.
“Estados Unidos no se quedará pasivo mientras Venezuela se desmorona”, afirmó el gobernante norteamericano en una nota oficial, sin detallar el alcance de las medidas.
Según Trump, pese a que 7,6 millones de venezolanos votaron contra la Constituyente el domingo en un plebiscito simbólico organizado por la oposición, esas acciones son “ignoradas por un mal líder que sueña con convertirse en un dictador”.
El país petrolero, hundido en una crisis económica por la caída de los precios del crudo, exporta a Estados Unidos unos 800 mil barriles diarios (bpd), de una producción reportada por la estatal petrolera PDVSA de 1 millón 972 mil bpd.
Además de la escasez de alimentos y medicinas y una descontrolada inflación, Venezuela vive desde hace casi 4 meses protestas que dejan 96 muertos, con las que la oposición rechaza la Constituyente y exige la salida de Maduro.
Cerco internacional
El cerco internacional creció tras el plebiscito. La Unión Europea (UE), el secretario general de la la OEA, Luis Almagro, y los gobiernos de España, Alemania, Canadá, Brasil, Argentina, México, Colombia, Perú y Panamá también pidieron a Maduro retirar su proyecto.
El mandatario rechazó esos llamados y tildó de “insolente” a la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, quien no descartó sanciones.
Francia llamó ayer al “diálogo sincero” para resolver la crisis, en tanto que un centenar de legisladores de Colombia y Chile denunciaron a Maduro ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya por violación de derechos humanos.
“La presión internacional por sí sola no va a lograr algo crucial, pero sí podría facilitar el desenlace de la crisis”, pues la Constituyente tiene un costo “para los intereses económicos y políticos del Gobierno”, comentó a la AFP Mariano De Alba, experto en asuntos internacionales.
Según el analista, es posible que “las amenazas de la comunidad internacional convenzan al menos a ciertos grupos que sostienen al régimen de que lo más conveniente es buscar una salida negociada, pues ello sería mejor que perder abruptamente el control del país”.
Moncada aseguró que con sus amenazas Estados Unidos “cava” un “foso” en sus relaciones con Venezuela -ambos países sin embajadores desde 2010-, y agregó que se hará una “revisión profunda” de los vínculos. “No aceptamos humillaciones de nadie”, sentenció.
Venezuela declaró “non gratos” a los expresidentes Vicente Fox (México), Jorge Quiroga (Bolivia), Andrés Pastrana (Colombia), Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), observadores del plebiscito y quienes abogaron por más presión internacional para detener la Constituyente.
Por otra parte, el presidente de Bolivia, Evo Morales, aliado de Maduro, considera como una “conspiración económica” la advertencia de Trump.
“Paralización total”
Alentada por el plebiscito, la oposición activó ayer la “hora cero”, una estrategia que combina un aumento de las protestas y la conformación de poderes estatales paralelos a los que asegura están al servicio del Gobierno.
Hoy, el Parlamento, de mayoría opositora, inició el trámite para nombrar nuevos magistrados del máximo tribunal, lo que la Defensoría y Contraloría, de línea oficialista, consideran que “alienta una intervención extranjera”.
De cara a la “escalada definitiva la próxima semana”, la oposición convocó a una “paralización total” de actividades formales e informales el jueves. Este martes hubo bloqueos de calles, con algunos disturbios.
“Todos los ciudadanos tenemos el deber de presionar por la restitución del orden constitucional. El mensaje es que este país no va a tolerar un fraude constituyente”, aseguró el dirigente opositor Freddy Guevara.
Maduro, que considera “ilegal” el plebiscito por no haber tenido aval del poder electoral -acusado de oficialista-, asegura que la oposición busca derrocarlo con el apoyo de Estados Unidos, que según dice financia las protestas.
Maduro ha pedido una oportunidad para su Constituyente, un “suprapoder” que regirá al país por tiempo indefinido, bajo la promesa de que traerá la paz y la recuperación económica.
Con información de AFP
