Como un mensaje negativo del país en el ámbito internacional, que pone en duda la certeza jurídica para las inversiones, calificaron los miembros del Gabinete Económico la suspensión de actividades de la Minera San Rafael, en San Rafael Las Flores, Santa Rosa.
La Corte Suprema de Justicia dejó en suspenso las licencias de extracción de las dos plantas de la empresa: Juan Bosco y El Escobal, porque no hubo consulta a los pobladores, según la resolución emitida por el órgano, la cual fue conocida por la empresa el 5 de julio.
Luis Chang, ministro de Energía y Minas, refirió que la cartera cedió los permisos porque se cumplieron los procesos legales.
“Se cumplió con los procesos legales en el otorgamiento de las licencias.”
Además de la mala imagen, se debe considerar que de la firma en mención dependen mil 600 empleos directos y 6 mil indirectos, comentó el vicepresidente Jafeth Cabrera.
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras expuso que la decisión de la Corte afecta a los trabajadores y sus familias, pues han visto una oportunidad de ingresos en las actividades de la compañía.
