La libertad de expresión y el acceso a la información son derechos humanos básicos de una sociedad democrática.
Estos derechos son indispensables para la formación de la opinión pública, son condición para que personas y comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, estén suficientemente informadas. La libertad de expresión es un requisito, tanto para la democracia, como para la búsqueda de la verdad y el conocimiento. Si este derecho humano se pierde, pone en peligro la vigencia de todos los demás valores y principios imperantes en una sociedad democrática. Una sociedad que no puede expresar sus ideas y no está bien informada, no es plenamente libre.
Es por eso que los sistemas de Justicia juegan un papel de trascendental importancia en la garantía de los derechos humanos y para la consolidación y desarrollo de la democracia. El derecho constitucional contemporáneo, a diferencia de otros modelos políticos constitucionales, se caracteriza por tener como eje central la defensa y garantía de los derechos fundamentales de todas las personas. Bajo este modelo, los derechos humanos son normas jurídicas del más alto nivel, que merecen una protección reforzada por parte de las autoridades públicas. La justificación y los fines del Estado se encuentran en la protección y garantía de los derechos frente a cualquier agresión ilegítima o a déficits institucionales de protección. Es por esto que en este modelo constitucional, el poder judicial tiene un rol fundamental para hacer efectiva esa garantía reforzada.
Los operadores de justicia, partiendo de la premisa del más absoluto respeto a su autonomía e independencia, deben garantizar los derechos individuales y colectivos. A través de sus actuaciones pueden fortalecer la protección estructural de los derechos y el ambiente institucional para la deliberación democrática, siendo un eslabón fundamental para la implementación del principio pro homine y para impulsar la incorporación de los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos en el derecho interno.
El rol de los operadores de justicia es indispensable para edificar democracias prósperas y fomentar la participación de los ciudadanos. La libertad de expresión, el acceso a la información y la seguridad de periodistas son pilares importantes del Estado de derecho que, a su vez, es una condición indispensable y un resultado del buen gobierno y de un programa de desarrollo centrado en los derechos humanos y consecuentemente con los de la Agenda 2030.
