En esta semana comenzará el acercamiento entre los tres poderes del Estado para construir en conjunto la iniciativa de ley que regulará la consulta a los pueblos indígenas y tribales, contenida en el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), informó Leticia Teleguario, titular de la cartera laboral.
La primera reunión para abordar este tema se dará entre la ministra de Trabajo y el pleno de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), pues en el análisis que hicieron de la resolución en el Caso Oxec I y II se estableció que hay compatibilidad con la Guía de Estándares Básicos para las Consultas a Pueblos Indígenas.
“Esta guía, que se ha elaborado con la participación de las comunidades, tiene que dar los insumos para crear la normativa. El objetivo ahora es que el Ejecutivo, Legislativo y Judicial trabajemos en coordinación en esta fase”, manifestó la funcionaria.
Participación
A ese respecto, José González Campo, presidente de la Cámara Guatemalteca de la Construcción, indicó que a pesar de que el fallo de la CC mandara al Congreso a reglamentar el Convenio, es necesario que en la discusión participe la sociedad civil, tanques de pensamiento y el sector privado, para darle la legitimidad al instrumento y que sea reconocido por todos.
Según la Revista Análisis de la Realidad Nacional del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Gua-
temala, en su edición 56, esta debería ser una prioridad para los diputados por la trascendencia del tema en comunidades densamente pobladas, que podrían ver afectados sus medios de vida frente a las actividades extractivas y corresponden a las áreas donde se están generando conflictos socioambientales.
Guía
En cuanto a la Guía de Estándares Básicos para las Consultas a Pueblos Indígenas, Teleguario explicó que el próximo mes esta será presentada y que contendrá los parámetros y lineamientos de cómo, cuándo, dónde y quiénes son los sujetos que participarán en estos procesos.
Representatividad
Carmen Moreno, directora de la OIT para Centroamérica, Haití y República Dominicana, en su más reciente visita al país, indicó que uno de los criterios que facilitará la reglamentación es definir la representatividad de los pueblos indígenas, porque la consulta no es un referendo ni un plebiscito, sino que es un mecanismo de diálogo que se establece con el fin de que las comunidades puedan ser partícipes de las decisiones que les afecten.
Resolución Caso Oxec
El 26 de mayo, el pleno de magistrados de la Corte de Constitucionalidad hizo pública la sentencia que permitió que los proyectos hidroeléctricos Oxec I y Oxec II continúen operaciones en Alta Verapaz, por un año prorrogable, mientras el Estado realiza la consulta a los pueblos indígenas establecida en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En cuanto al propósito del documento, en el artículo 6, inciso 2, indica: “Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”.
“Hay un gran reto para la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad para resolver los amparos y las sentencias apegadas al tratado, que Guatemala ratificó en 1996”, manifestó Rudolf Jacobs, secretario de la Cámara de Industria de Guatemala.
Panel arbitral
El Ministerio de Trabajo dará a conocer hoy la resolución del panel arbitral respecto de la controversia promovida por Estados Unidos contra Guatemala en el marco del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América (DR-CAFTA, por su siglas en inglés).
“Ambos gobiernos acordamos, a petición de una solicitud de EE. UU., hacer público los resultados del informe el mismo día”, explicó Leticia Teleguario, encargada de esa cartera.
El país norteamericano comenzó la disputa en 2011, en lo contencioso laboral, por considerar que Guatemala no estaba cumpliendo con lo dispuesto en el acuerdo en relación con la legislación sobre empleos.
