En 1985, Guatemala inicia una nueva era en su historia social con la creación de la Carta Magna, en donde se establecieron las bases de un nuevo sistema electoral y de partidos políticos que permitió la elección de un presidente civil después de una larga seguidilla de gobiernos militares.
Ello supuso la llegada de la democracia plena, y por ende el reto para alcanzar la paz, pues para ese entonces el enfrentamiento armado cumplía 2 decenios y el número de afectados de ambos bandos continuaba en ascenso. Sin embargo, tuvieron que pasar 11 años y 4 administraciones para la consecución de esa meta.
Largo camino
El 7 de agosto de 1987, los mandatarios de Centroamérica: Daniel Ortega, de Nicaragua; Vinicio Cerezo, de Guatemala; José Azcona, de Honduras; Óscar Arias, de Costa Rica; y Napoleón Duarte, de El Salvador, suscribieron el Acuerdo de Esquipulas II, en el que dejaron constancia de su voluntad por propiciar la paz y erradicar la guerra en sus respectivos pueblos.
Ese acontecimiento estimuló que las delegaciones del Gobierno, representado por la Comisión Nacional de Reconciliación (CNR) y de la comandancia general de la Unidad Revolucionara Nacional Guatemalteca (URNG), pactaran en Oslo, Noruega, en marzo de 1990, el inicio de las negociaciones de paz para ponerle fin a las
discrepancias.
Un año con cuatro meses más tarde, el 25 de julio de 1991, las partes firmaban en Querétaro, México, el Acuerdo Marco sobre Democratización para la Búsqueda de la Paz por Medios Políticos, el primero de los 12 apartados que fueron signados.
Durante los próximos 5 años, la CNR y la URNG mantuvieron sucesivas sesiones en lugares como Oslo, Noruega; Estocolmo, Suecia; Madrid, España; y México, en donde se rubricaron otros 10 convenios y finalizaron en la ciudad de Guatemala, el 29 de diciembre de 1996, con la firma definitiva del número 12 que corresponde al Acuerdo de Paz Firme y Duradera que engloba todos los compromisos a los que el Estado de Guatemala debió ceñirse para encontrar la reconciliación.
20 años después
“Las condiciones que generó el conflicto armado interno siguen vigentes”. Esta es una frase que se ha venido utilizando desde hace una década, para hacer referencia al grado de su cumplimiento, mientras que han sido constantes a las críticas hacia cada administración gubernamental y estatal por no haber hecho lo suficiente para honrarlo.
Sin embargo, hasta el momento no se había elaborado un análisis tan exhaustivo de cada uno de los componentes para verificar técnicamente su evolución a lo largo de los 20 años que han transcurrido desde su puesta en marcha, como la Agenda Política de la Paz 2017- 2026, la cual fue presentada la semana pasada por la Secretaría de la Paz (Sepaz). En ella, se detalla el estatus de los 750 compromisos que conforman dicho entendido.
Su objetivo es identificar plenamente los que aún permanecen pendientes para ordenar, orientar y fortalecer los elementos para honrarlos, por lo que a través de una metodología específica para el efecto se elaboraron criterios para conocer los motivos de su atraso.
En ese contexto, la Sepaz “motiva y exhorta a los tomadores de decisión en los organismos del Estado al encauzamiento de la actividad pública, por medio de la asignación del recurso humano, material, tecnológico y financiero que garantice la continuidad de los procesos para el desarrollo, preservación y seguimiento del espíritu contenido en los Acuerdos de Paz”, reza el documento.
Los criterios
El análisis estuvo a cargo de una mesa técnica conformada por entidades civiles como Fundación Esquipulas –para la Paz, Democracia, Desarrollo e Integración–; el Instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia Social; y la Fundación Propaz, así como la Comisión Específica para la Paz y el Desminado del Congreso; la Bancada de URNG-Maíz; y la Comisión de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes del Parlamento Centroamericano, y las instituciones del Ejecutivo encargadas del tema.
Durante las reuniones de esa instancia, que fueron auspiciadas por la Organización de las Naciones Unidas, se profundizó en todas las cláusulas y se clasificaron según las categorías establecidas para el efecto.
De esa cuenta, se contabilizaron 372 compromisos saldados en su totalidad. De ellos, existen 6 que además tienen un seguimiento sostenido. Ambos suman un 49.61 por ciento del total de obligaciones.
Por otro lado, hay 142 (18.93 por ciento), que no muestran ningún tipo de avance. También se segregó aquellos que tienen un cumplimiento parcial, que suman 169 (22.53 por ciento); y 67 (8.93 por ciento) que solo se han honrado de manera formal, pero no se han logrado concretar en la práctica.
Causas y atrasos
Un ejemplo de la última categoría mencionada, es el primer componente del Acuerdo Marco sobre Democratización para la Búsqueda de la Paz por Medios Políticos: eliminar para siempre la represión, el fraude e imposición electoral, las asonadas y presiones militares y las acciones desestabilizadoras antidemocráticas. Según el estudio de este apartado, aunque el Estado cuenta con leyes que previenen los delitos que menciona tal premisa, existe una debilidad institucional que no ha permitido un castigo ejemplar para quienes incurran en ellos, para erradicarlos del sistema guatemalteco.
Mientras tanto, el segundo de estos refiere que el “respeto irrestricto a los derechos humanos” tiene un cumplimiento parcial, ya que aunque estos son ampliamente reconocidos de manera oficial por las autoridades estatales, estas no tienen los suficientes recursos para responder efectivamente a
todas las demandas en este campo.
Uno de los acatados y sostenidos es el de “la subordinación de la función de las fuerzas armadas al poder civil”, pues para 2004 el Ejército se había reducido considerablemente; se fijó el equivalente al 0.33 por ciento del PIB para el gasto (50 por ciento de lo estipulado), y el cierre de bases” de esa entidad, afirma el documento.
A lo que también se suma la desmovilización del Estado Mayor Presidencial y su reemplazo por un cuerpo civil de protección. La Ley de servicio cívico fue puesta en vigencia en 2003, brindando a los jóvenes la oportunidad de desarrollar una obra social en lugar del servicio militar, y se creó una nueva doctrina castrense
basada en derechos humanos.
En cuanto a los incumplidos, resaltan los contenidos en el Acuerdo para el Reasentamiento de las Población Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado, principalmente en lo concerniente al desarrollo rural, combate a la desnutrición, la lucha contra la pobreza y la pobreza extrema, acceso a servicios básicos y financieros para el apoyo al agro.
El porvenir
Más allá de las cifras y las culpas, el gobierno de Jimmy Morales busca encarar la realidad y afrontar con responsabilidad los retos que impone la presentación de la Agenda Política 2017-2022, convencido de que solo el fortalecimiento de la institucionalidad pública y el diálogo entre todos los sectores permitirá alcanzar la gobernabilidad social y que los Acuerdos de Paz, una vez honrados, solamente sean otro recuerdo histórico.
