Otra mancha más al tigre, suele decirse al agregar otro detalle a una situación que ya es conocida. Como si fuera poco la colección de delitos cometidos contra la institucionalidad y el saqueo desmedido y cínico del erario nacional y local, pues no hubo entidad estatal que se salvara del urdido latrocinio del mal recordado y, peor llamado, Partido Patriota y sus exgobernantes como protagonistas del desvalijamiento de los recursos financieros de los guatemaltecos. Ahora, el Departamento de Justicia de Estados Unidos de América, envió a Guatemala, por medio de su Embajada, la solicitud de extradición de Íngrid Roxana Baldetti Elías, señalada de cometer los ilícitos de asociación delictuosa y conspiración para el tráfico de drogas.
Resulta inimaginable comprender hasta dónde pudo llegar la ambición de la primera mujer que ocupara la Vicepresidencia en nuestra historia y su hipócrita juramentación sobre la Constitución Política de la República, de defender y proteger los intereses del Estado, cuando fue electa vicemandataria. Sin embargo, desde iniciada su campaña electorera, las intenciones eran otras, pues ya en el poder se aprovechó de su cargo y utilizó la fuerza pública para facilitar el trasiego de estupefacientes de grupos al margen de la Ley. Claro, tendrá que comprobarse esa acusación que hoy pesa en su contra, así como de agotar los procesos judiciales pendientes de una condena en el país antes de ser entregada al Gobierno estadounidense, empero, no es de extrañar la manera tan burda de traicionar a quienes votaron por ella y confiaron en su “honrada administración gubernamental”.
Este nuevo caso e imputación le pone la tapa al pomo, en el sentido que la población siempre ha sabido y hoy queda confirmado que los recursos económicos procedentes del narcotráfico y el crimen organizado son los que han financiado las campañas electorales y a muchos de sus deshonrosos candidatos. De ahí que alcaldes, diputados y presidentes han sido pagados con ese dinero mal habido, razón por la cual no logramos avanzar hacia un verdadero desarrollo y una democracia que sea equitativa y representativa, que vele por el bien común. Ello pone en perspectiva el gigantesco reto que enfrenta nuestra nación para combatir la corrupción y el abuso de poder escudados en la impunidad y con la complicidad de grupos que se niegan a que las cosas cambien.
No podemos obviar que buena parte del gabinete mal nombrado patriotista, se encuentra tras las rejas, a la espera de la impartición de justicia por diversos señalamientos que podrían seguir trascendiendo tanto nacional como internacionalmente. Pues, para nadie es un secreto que, en Guatemala, la piñatización del erario nacional y local ha estado a la orden de muchas administraciones, no digamos los aportes financieros provenientes de actividades indebidas. Es imperativo que edifiquemos confianza para impulsar los cambios que urgentemente necesitamos y ponerle un alto a las situaciones vergonzosas que vulneran la credibilidad de la sociedad en la administración pública y sus instituciones.
